El expresidente sudafricano Zuma afirma haber recibido amenazas de muerte

El expresidente sudafricano Jacob Zuma (2009-2018) afirmó hoy que recibió amenazas de muerte contra él y sus hijos horas después de haber declarado este lunes por primera vez ante una comisión de investigación que busca aclarar una supuesta megatrama de corrupción durante su gobierno.

“Ayer por la noche, entre las 7 y las 8, mi asistente personal del CNA (Congreso Nacional Africano, su partido político) fue telefoneada por una persona desconocida. Esa persona le dijo que le debía decir a Zuma que vamos a matarle y que también vamos a matar a sus hijos y a alguna gente de su entorno”, dijo el exmandatario.

Zuma hizo públicas estas amenazas hoy en Johannesburgo, al comienzo de su segunda jornada de comparecencia ante la comisión oficial que investiga la trama conocida como “Captura del Estado”.

El expresidente sudafricano aseguró hoy que no solo él y su familia han recibido ya amenazas, sino también sus consejeros cercanos.

“Esta comisión debe saber que mi vida, la de mis hijos y mis afines están ahora bajo amenaza”, recalcó.

Presidida por el juez Raymond Zondo, este órgano lleva trabajando desde hace casi un año para aclarar si, durante los años en los que Zuma fue jefe de Estado, la Administración funcionó básicamente como un engranaje para beneficiar los intereses particulares del poder y los de empresarios afines, como la familia Gupta, cercana a Zuma.

En su primera comparecencia, que tuvo lugar este lunes, el expresidente sudafricano rechazó haber cometido delitos y relacionó las numerosas acusaciones de corrupción que pesan sobre él con una supuesta conspiración para hacerle daño que se remontaría a los años noventa.

Ese plan incluía, según él, intentos de asesinato e incluso intervención de organizaciones de inteligencia locales y extranjeras.

Las comparecencias de Zuma -quien fue forzado a dimitir por su propio partido en febrero de 2018 debido a sus numerosos escándalos- ante la comisión se extenderán durante toda esta semana.

Esta investigación contra él se remonta a 2016, cuando en un informe titulado “Captura del Estado”, la entonces defensora del pueblo, Thuli Madonsela, acusó a Zuma y a su entorno de haber secuestrado el aparato público para ponerlo a su servicio, con la familia Gupta (empresarios de origen indio) como gran beneficiada.

El expresidente sudafricano debe ahora responder no solo por las acusaciones originales, sino también por las pruebas y testimonios que la comisión ha venido recabando durante los últimos meses.

Estos incluyen, por ejemplo, despidos y nombramientos de ministros en función de los planes de los Gupta o empresarios que aseguraron haber entregado sobornos mensuales al expresidente.

La comisión no tiene potestad para procesar judicialmente, pero sí puede hacer recomendaciones a otros entes y sus averiguaciones pueden ser usadas como pruebas ante los tribunales en el futuro.

Paralelamente a esta investigación, Zuma está procesado en un caso que estudia cargos de corrupción, lavado de dinero y fraude relativos a un acuerdo de armas millonario firmado a finales de la década de 1990.

Además, ya en 2016, tuvo que devolver, por orden del Tribunal Constitucional, medio millón de euros de dinero público que se gastó de forma irregular en la reforma de su residencia privada.