El exsecretario de Empleo nunca puso en duda la legalidad de las ayudas de los ERE

El exsecretario de Empleo (2000-2004) y de Innovación (2004-2010), Juan Francisco Sánchez, ha declarado hoy que desconocía el procedimiento por el que la Dirección General de Trabajo concedía las ayudas de los ERE pero nunca puso en duda, dijo, que “sus actuaciones eran correctas y ajustadas a derecho”.

Sánchez es el último de los acusados en la pieza política del caso ERE en declarar en el juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- que se sientan en el banquillo por prevaricación y malversación.

Se enfrenta a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por crear o mantener un “procedimiento específico” por el que el Gobierno andaluz repartió entre el 2001 y el 2011 más de 850 millones en ayudas sociolaborales a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía.

Fue primero secretario general técnico de Empleo -el departamento que concedía las ayudas- y luego ocupó el mismo cargo en Innovación -la consejería de la que dependía el ente público IFA/IDEA que las pagaba con fondos que Empleo le enviaba por transferencias de financiación- y del 2010 al 2012 director de finanzas de IDEA.

La Secretaría de Empleo tramitaba las modificaciones de los presupuestos para incrementar partidas como la de las ayudas de los ERE en detrimento de otras, si bien Sánchez ha insistido en que se limitaban a tramitarlos y cada dirección general de la Consejería distribuía y gestionaba sus partidas con libertad y nunca dudó de que “obraban correctamente”.

Tampoco en el caso del director general de Trabajo, que gestionaba el programa de las ayudas de los ERE, ya que Sánchez ha asegurado que nunca puso en duda que “sus actuaciones eran correctas y ajustadas a derecho, no se me pasó por la imaginación”.

Ha insistido en que la secretaría general técnica daba asistencia técnica a las distintas áreas de la consejería pero no ejercía supervisión o control, porque esa función la tenía la Intervención y el Gabinete Jurídico.

Ha reconocido que los informes de la Intervención alertando de lo “inadecuado” del sistema de ayudas pasaron por sus manos para archivarlos, pero no era su destinatario y no conoció detalles de sus observaciones.

Ya estando en Innovación, archivó el informe adicional de 2005 sobre el ejercicio 2003 del IFA en el que la Intervención analizó una veintena de expedientes de ayudas concedidas por Empleo y concluyó que se otorgaron “prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.

Sánchez ha señalado que sólo leyó “por encima las conclusiones” que iban referenciadas a la consejería que daba las ayudas, Empleo, a la que ya no pertenecía.

Sobre el convenio marco que en 2001 firmaron Empleo y el IFA (luego IDEA) a partir del cual el ente público pagaba las ayudas con fondos que la consejería le enviaba por transferencias de financiación, ha dicho que no se pidió informe jurídico al servicio de legislación de la secretaría técnica y lo conoció porque se aludía a él en las modificaciones presupuestarias que afectaba a la partida de las ayudas de los ERE.

Entiende que debió pedirse informe al Gabinete Jurídico si bien su publicación en BOJA no la ha considerado preceptiva.

Sí informó la secretaría técnica ante el proyecto de decreto que propuso la Dirección General de Trabajo para regular las ayudas, indicando que debía tener formato de orden, y ha dicho que nunca tuvo claro por qué no se llegó a aprobar.

Tras haber concluido los interrogatorios a los 22 acusados, el juicio se retomará el lunes con la declaración de los primeros testigos, dos guardias civiles que participaron en uno de los atestados en la fase de instrucción, sesiones a las que ya no asistirán los procesados al haberles eximido el tribunal de acudir.