La familia Morente acusa al juez de intentar archivar el caso desde su inicio

El abogado de la familia Morente, Rafael Martín, no se ha declarado sorprendido por el sobreseimiento provisional, conocido hoy, de la investigación judicial abierta sobre el fallecimiento del cantaor, toda vez que, según ha dicho a Efe, ésa ha sido desde el inicio la intención del juez.

“Ha denegado casi todas las pruebas que hemos ido pidiendo. Su voluntad ha sido siempre intentar archivar el procedimiento”, ha dicho el letrado, que aún no había recibido el fallo judicial y que se ha reservado un comentario más exhaustivo hasta la lectura del mismo.

La familia interpuso una denuncia judicial al atribuir la muerte de Morente, el 13 de diciembre de 2010, a una “grave negligencia médica”, sostener que murió “desangrado” y sospechar que el doctor Enrique Moreno pudo no estar en el quirófano durante la segunda operación a la que fue sometido el artista de forma urgente días antes.

Respecto a este último punto, el abogado de los Morente ha recordado que su petición para que se localizara la ubicación exacta del doctor Moreno la noche de la segunda intervención a través del móvil se aprobó “cuando ya había pasado un año de la llamada, y la compañía aseguradora ya no tenía acceso a la misma”.

El fallo judicial, al que ha tenido acceso Efe, ratifica que “se garantizó la adecuada asistencia” y, respecto a la pertinencia de la segunda intervención, practicada de forma urgente, considera que no ha quedado demostrado que “no fuese aconsejable, sino todo lo contrario”: estuvo “perfectamente realizada”.

Afirma, asimismo, que “no cabe duda acerca de la presencia y participación activa del doctor Moreno en la segunda intervención” y añade que no se puede determinar “de forma cierta, directa y total” que las complicaciones surgidas tras la intervención y la muerte no hubieran sucedido de haber sido operado “unas horas antes”.

El fallo deja en cualquier caso abierta la posibilidad de que se presenten acciones civiles en esta causa, así como la interposición de recurso de reforma, en el plazo de tres días, o de apelación, en el plazo de cinco días.