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Familiares de "presos políticos" dicen vivir situación precaria en Nicaragua

Familiares denuncian amenazas a abogados de opositores detenidos en Nicaragua
Managua —

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Managua, 14 jul (EFE).- Familiares de los denominados "presos políticos" de Nicaragua afirmaron este miércoles estar viviendo una situación precaria desde que sus parientes fueron detenidos en el marco de las manifestaciones contra el Gobierno de Daniel Ortega que estallaron en abril de 2018.

Familiares denuncian amenazas a abogados de opositores detenidos en Nicaragua

Familiares denuncian amenazas a abogados de opositores detenidos en Nicaragua

En una conferencia telemática, en la que leyeron una declaración, una representación de familiares de los 134 detenidos aseguraron que se encuentran en una "inaguantable situación" y de sufrir un impacto económico y psicosocial a raíz del arresto de los suyos.

"Hoy pedimos que puedan hacer eco de la injusticia, la impotencia, los abusos a sus derechos humanos y el dolor que todas y todos estamos viviendo", clamaron.

Según sus estadísticas, el 78 % de los detenidos son adultos de entre 25 a 59 años, y la mayoría padres de niños, que "son el sosten económico de sus hogares e incluso de sus familias ampliadas, lo cual ha agravado su situación económica".

Indicaron que el período promedio que llevan los detenidos es de 405 días "y muchos han sido juzgados dos veces por el mismo delito".

LOS OBLIGAN A FIRMAR QUE RECIBEN BUEN TRATO

Por otro lado, denunciaron que algunas familias tienen más de un familiar detenido, "y el sistema les asigna fechas distintas para las visitas".

"Así, las familias se ven obligadas a ausentarse de sus viviendas y trabajos durante varios días con consecuencias económicas, físicas y emocionales", criticaron.

Asimismo, denunciaron que las autoridades penitenciarias los obligan "a firmar documentos en que afirman que (sus familiares) han recibido un buen trato, de lo contrario se nos niega el derecho a las visitas".

"Sabemos que esto no es cierto y es una táctica más de represión, desgaste y chantaje de la dictadura", reprocharon.

Según los familiares, en las cárceles no existe atención médica y las condiciones de salubridad son pésimas, mientras las personas encarceladas "padecen toda clase de males crónicos, adquiridos o provocados en su situación de cautiverio".

"Sabemos que algunos presos han presentado padecimientos, pero no reciben atención oportuna ni se les permite el acceso a los medicamentos que sus familiares les llevan. A la precariedad de su salud se suma la insalubridad de las celdas", señalaron.

Sobre la pandemia de la covid-19, observaron que los penales siguen sin contar con políticas para evitar la propagación del virus, y que no existen ningún tipo de medidas implementadas para protegerles.

DIRIGENTES POLÍTICOS, SIN DERECHO A VISITA

En el caso de los dirigentes políticos opositores que han sido detenidos a partir del 28 de mayo pasado, incluido seis aspirantes a la Presidencia, en el contexto de las elecciones generales del próximo 7 de noviembre, los familiares subrayaron que esos 27 detenidos "no han tenido derecho a visita".

"Esta situación nos causa una gran angustia ya que se nos ha negado, igual que a sus abogados, cualquier tipo de comunicación con ellos. Muchos llevan ya hasta más de 40 días secuestrados e incomunicados", apuntaron.

"Esto es una forma de tortura tanto para quienes están injustamente detenidos, como para nosotros sus familiares", agregaron.

La angustia de no saber en qué condiciones se encuentran, y de no saber cómo responder a esta desgarradora separación forzada que causa que sus hijos, en muchos casos menores, continúan preguntado dónde están o cuando los podrán ver, añadieron.

El 18 de abril de 2018 estalló una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega, debido a que respondió con la fuerza.

Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como "intento de golpe de Estado", dejaron al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.

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Publicado el
15 de julio de 2021 - 02:12 h

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