El fiscal del caso contra Martinelli afirma que no le pueden comprar o intimidar

El fiscal del caso de las escuchas ilegales contra el expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), Harry Díaz, afirmó hoy que está “operando dentro del margen de la ley”, y alertó que no se le puede “comprar o intimidar”.

“Como se ha puesto claramente en entre dicho la integridad de este proceso, tengo que advertirle al diputado Martinelli que si alguien, porque él no ha hablado nada conmigo directamente, le ha recomendado que cree que me pueden comprar o intimidar, aquí le aclaro que esa persona es un mal asesor, y se lo estoy diciendo con toda la claridad. Nosotros estamos operando dentro del margen de la ley”, afirmó Díaz.

Esta declaración la hizo el magistrado fiscal de la causa por las interceptaciones ilegales a más de un centenar de personas durante el Gobierno de Martinelli en una audiencia solicitada por la defensa para revisar la medida de detención provisional aplicada al expresidente, quien llegó extraditado el pasado día 11 desde EE.UU.

Martinelli es diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) por lo cual solo puede ser procesado por la Corte Suprema de Justicia, cuyo pleno de 9 magistrados es el único autorizado para decidir sobre las medidas cautelares del expresidente.

Díaz, quien expresó su total oposición a que Martinelli reciba una medida cautelar distinta a la detención preventiva, recordó que la defensa planteó el año pasado una reunión en Miami (EE.UU.) donde el expresidente estaba detenido en razón de la extradición, en la que participaría él y un representante de los querellantes en el caso, para hablar de las condiciones de salud del exgobernante.

Esa reunión finalmente no se dio porque las autoridades penitenciarias estadounidenses no autorizaron la presencia del querellante, dijo Díaz, que se preguntó “cuál era la finalidad o el interés de querer que fuera yo solamente a entrevistarme con el expresidente Martinelli”.

Martinelli se encuentra recluido en El Renacer, la prisión de mínima seguridad ubicada en las afueras de la capital panameña en la que también están algunos exfuncionarios de su Gobierno procesados por corrupción.

La defensa busca que sea cambiada la medida cautelar de prisión provisional dictada por el pleno de la Corte en diciembre de 2015 ante el peligro de fuga, y que Martinelli afronte en libertad el proceso por las escuchas ilegales.

Los defensores apelaron a supuestos fallos procesales y a las condiciones crónicas de salud de Martinelli para cambiar la medida de detención preventiva por otras como presentación periódica ante una autoridad competente y la prohibición de salida del país.

“Mi profesión es perseguido político”, dijo el expresidente a los magistrados, durante la presentación de los asistentes a la audiencia, como indica el procedimiento judicial.

Martinelli se enfrenta a una pena de hasta 21 años de prisión por los 4 tipos penales que implican el caso de las escuchas ilegales, de acuerdo con un escrito de acusación presentado en octubre de 2015 por el magistrado fiscal Díaz.

El Supremo panameño ya fijó para el próximo 25 de junio la audiencia de acusación en contra de Martinelli por el caso de las interceptaciones ilegales de las comunicaciones, luego de que el magistrado Díaz solicitó esa diligencia el pasado día 11.