El fiscal pide casi 3 años a los padres que dieron a su hija a su captor para llevarla a Bolivia

El fiscal pide 2 años y 9 meses de cárcel para los padres de una menor de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) por entregar a su hija por interés económico a un conocido para que se la llevara a Bolivia, donde la mantuvo oculta siete meses en la selva, mientras la maltrataba y abusaba de ella.

En su escrito, el fiscal acusa a los padres de la menor, que desde que fue rescatada en marzo del pasado año permanece en un centro de acogida de la Generalitat, por un delito de abandono, ya que acordaron con un vecino que se la llevara a Bolivia “con una finalidad que no consta acreditada, pero en todo caso con un afán lucrativo”.

Una vez en Bolivia, el hombre sometió a la niña, que entonces tenía nueve años, a un auténtico calvario, ya que la mantuvo secuestrada siete meses en la selva, donde la trató como si fuera su mujer, la agredió físicamente y abusó de ella, hasta que pudo ser rescatada en una operación de alto riesgo.

El ministerio público considera que los acusados incumplieron “gravemente” sus deberes de protección que les correspondían como padres, “privando a la niña de la necesaria asistencia moral y material” al permitir que la chica quedara, en contra de su voluntad, a expensas de una persona “ajena al círculo familiar que no ofrecía garantía alguna de cuidar debidamente de la menor”.

En junio de 2013, los acusados acordaron con el vecino con el que habían trabado amistad y al que conocían como Grover, que se llevara a la chica a pasar unas vacaciones en Bolivia, país del que éste era originario.

No obstante, según el fiscal, los padres no le pidieron que les diera ninguna dirección en la que iba a estar con la menor, no vacunaron ni adoptaron ninguna precaución médica respecto de su hija, ni mostraron ningún interés en asegurarse la comunicación con la niña, que no disponía de teléfono propio, por lo que dejaron al arbitrio del vecino la comunicación con su hija.

Ante las reticencias de la menor, los padres la convencieron de que se fuera de viaje con el vecino porque le aseguraron que sólo duraría una semana o algunos días más, por lo que la chica partió hacia Bolivia con él el 27 de agosto de 2013.

Una vez en Bolivia, el hombre, que sólo había comprado billetes de ida, llamó a los padres y les dijo que había perdido la documentación de ambos y cortó la comunicación, por lo que finalmente los progenitores denunciaron el caso ante los Mossos d'Esquadra, el 5 de septiembre de 2013, casi diez días después de la partida de su hija.

En Bolivia, donde Grover Morales contó con la cobertura logística y económica de su madre, la chica sufrió un infierno, debido a su incomunicación, a su sometimiento y a la dureza de la selva en época de lluvias, por la que estuvo varias jornadas seguidas andando huyendo de la presión de la policía local.

Además, Grover Morales -que acaba de ser condenado en su país a 17 años de cárcel por este caso- la agredió físicamente en reiteradas ocasiones, golpeándola con un cinturón o con un palo y tirándole del pelo si no cumplía con las labores domésticas que le ordenaba, según el fiscal.

Por las noches, el secuestrador también abusó de la chica, a la que también forzó a trabajar en explotaciones cocaleras y a fabricar y vender zumos en mercados locales.

La chica fue liberada el 8 de marzo de 2014, tras casi siete meses de cautiverio, en una operación policial de riesgo en plena selva llevada a cabo por la Guardia Civil en colaboración con la policía boliviana.

Los Mossos d'Esquadra centraron rápidamente sus sospechas sobre los padres, al no dar credibilidad a su versión, de que querían que la niña hiciera turismo y se fuera de vacaciones aprovechando que Grover Morales tenía que viajar a su país a visitar a su madre.

De hecho, Grover Morales se encontraba en España con identidad falsa, para ocultar que había huido de Bolivia al ser apartado por clanes locales tras ser acusado de dos delitos sexuales, de los que se libró porque las víctimas retiraron la denuncia.

Además de la pena de dos años y nueve meses de cárcel, el fiscal también pide que los padres indemnicen a la menor con 20.000 euros por los daños morales causados a su hija.