El fiscal general del Estado afirma que no ha habido trato de favor, pero es “escandaloso” el retraso

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado hoy que en el 'caso Pallerols' no ha existido trato de favor hacia los acusados de desviar fondos para la financiación ilegal de UDC, aunque considera “escandaloso” que se haya tardado casi veinte años en instruir el procedimiento.

A preguntas de los periodistas en Toledo, donde ha acudido para dar una conferencia en la Universidad de Castilla-La Mancha, Torres-Dulce ha insistido en que la conformidad en los procedimientos existe “para todos” en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ha destacado que los implicados en el 'caso Pallerols' van a devolver los 388.000 euros desviados de fondos públicos.

No obstante, para evitar este tipo de retrasos, Torres-Dulce aboga por cambiar “radicalmente” leyes como la de Enjuiciamiento Criminal, para que aquellos procesos que no son graves se puedan tramitar en un máximo de 72 horas, por lo que se ha mostrado partidario de instaurar en España la figura del 'juez del mazo' de los países anglosajones.

A su juicio, en el 'caso Pallerols' hay un factor que “ilumina todo”, como es el “excesivo y escandaloso” tiempo que ha tardado la instrucción, algo “inasumible en un Estado de derecho y algo por lo que estoy luchando”.

“No se trata de un trato de favor, sino de la aplicación estricta de la legalidad atendiendo a las circunstancias penosas y escandalosas de dilación del proceso”, ha insistido el fiscal general del Estado en relación con el tiempo que ha tardado la instrucción, una circunstancia que la ley contempla como atenuante y que obliga rebajar la condena como en este caso.

Para evitar este tipo de retrasos, el fiscal general aboga por “cambiar radicalmente” las leyes, pues hay procesos que se podrían ver en un máximo de 72 horas.

Se ha mostrado a favor de que los fiscales lleven la dirección de la investigación de los delitos y en este sentido ha explicado que el grupo de trabajo encabezado por el juez Manuel Marchena ha remitido ya al Ministerio de Justicia sus propuestas al respecto.

“No voy a aceptar un anteproyecto que signifique maquillar la realidad procesal, pues para mí -ha dicho- la exigencia máxima es la celeridad en los procesos”.

La Fiscalía General va a “exigir” que junto con el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se envíe una radical modificación de las disposiciones de la policía judicial.

Según Torres-Dulce, la policía judicial tiene que constar de unidades exclusivamente adscritas a juzgados y fiscalía para hacer eficiente la investigación de los delitos “sin dependencia de los poderes ejecutivos y de otras funciones de la policía como es la prevención de los delitos”.

Pero, la dirección de la investigación de los delitos “debe estar sometida a una única autoridad del ministerio fiscal”.