El fiscal rebaja a 3 años su petición de prisión para el fabricante del bio-bac

La fiscalía ha rebajado de cinco años y medio a tres años y tres meses su petición de pena de prisión para Antonio Rafael Chacón, el principal acusado de delitos contra la salud pública y los consumidores, por fabricar y vender ilegalmente el producto denominado bio-bac como un medicamento.

En la octava y última jornada del juicio, que se ha celebrado en el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid, la fiscal ha reducido a cinco meses su petición de pena de cárcel por un delito contra la salud pública para los otros tres procesados en la causa, el farmacéutico Miguel Echenique, el biólogo Enrique Martínez y la secretaria Consuelo Serdio.

El ministerio fiscal ha reducido su petición de pena para los cuatro acusados en este procedimiento, aplicando la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

En su intervención, la fiscal ha considerado acreditada “la absoluta falta de control administrativo” de la fabricación y comercialización del bio-bac como un medicamento para prevenir y tratar cáncer, sida, hepatitis y enfermedades degenerativas.

Para la fiscal, Antonio Rafael Chacón es el principal responsable de poner en el mercado un producto al que se atribuían propiedades curativas, lo que generó un peligro para la salud de las personas que lo consumieron, aquejadas de enfermedades “gravísimas”.

Los ensayos clínicos para lograr la autorización del bio-bac como un medicamento, que se llevaron a cabo en España y en el extranjero, no fueron satisfactorios, por falta de eficacia clínica, seguridad e identificación del producto, según la fiscal.

Tras indicar que Antonio Rafael Chacón le recuerda a los “malos estudiantes” cuando dicen que les tienen “manía”, ha rechazado la interpretación de su defensa de que había una “confabulación” contra él por “intereses de las multinacionales”, algo que, desde el punto de vista de la fiscalía, es “muy difícil de probar”.

Por su parte, el abogado del principal acusado ha pedido la libre absolución de su defendido por entender que el producto es inocuo y tiene efectos beneficiosos sobre la salud como han expuesto numerosos testigos durante el juicio.

El letrado ha calificado de “maquiavélica” la actuación de la Agencia Española del Medicamento, cuyos responsables denunciaron la fabricación y comercialización del bio-bac por “enemistad” con su cliente, lo que desencadenó la 'operación Brujo' de la Guardia Civil contra este producto y el posterior el procedimiento judicial.

Ha señalado la falta de sentido de la movilización de más de un centenar de agentes del instituto armado en la 'operación Brujo' en el año 2002, al tiempo que ha denunciado los “obstáculos y trabas” que ha encontrado para ejercer el derecho de defensa en los últimos doce años y ha lamentado la “pena de banquillo” que ha sufrido su defendido.

El abogado ha atribuido la actuación de la Agencia Española del Medicamento a “intereses políticos”, tras subrayar el producto se comercializó durante cuarenta años como complemento dietético o alimenticio, sin que se haya registrado una sola denuncia por una reacción adversa.