Los fiscales conservadores salen en defensa de los últimos nombramientos

La Asociación de Fiscales (AF) ha acusado este lunes a los medios de comunicación de “distorsionar la realidad” respecto a la renovación de la cúpula fiscal llevada a cabo la pasada semana y ha defendido que todos los relevos se han llevado a cabo dentro del marco estatutario. “Distorsionar esta realidad supone poner en cuestionamiento la imparcialidad y sometimiento estricto al principio de legalidad que rige nuestra actuación”, asegura la AF en una nota de prensa.

Esta asociación, mayoritaria entre los fiscales y de ideología conservadora, ayudó al Fiscal General del Estado, Manuel Maza, a renovar la cúpula de la Fiscalía. Sus votos colocaron a Manuel Moix, sin experiencia en Anticorrupción, al frente de esa fiscalía especial, a cambio de que su portavoz, Jesús Alonso, fuese el nuevo fiscal de la Audiencia Nacional.

Sobre su apoyo a Moix,  la AF critica que no haya quedado reflejada su “larga y magnífica trayectoria profesional, su rigor jurídico y las excelentes aportaciones realizadas en el proyecto de jefatura”. De los siete candidatos, Moix, fiscal en el Supremo, era el único que no trabajaba en Anticorrupción.

En cuanto al nombramiento de su portavoz en la Audiencia Nacional, aseguran que no se ha incidido en la excelencia profesional del propuesto, que lleva más de dieciocho años en ese tribunal, los tres últimos como teniente fiscal y ha sido “especialmente significado en la lucha contra el terrorismo”.

Según el diario El Mundo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, presionó a Consuelo Madrigal cuando era fiscal general del Estado para imponer varios nombramientos en puestos clave de la cúpula de la Fiscalía. Su negativa a realizar el de la Audiencia Nacional, dirigida hasta la semana pasada por Javier Zaragoza, habría motivado su destitución por parte del Gobierno.

La asociación también se ha referido, en ese comunicado, al relevo del fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal. En su opinión, relacionar este cese con su papel en el caso Auditorio y la petición de imputación del presidente murciano Pedro Antonio Sánchez en el mismo, es “engañar a la ciudadanía” dado que el fiscal propuesto para ocupar el cargo es el que ha estado en el día de esas diligencias.