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Fiscales peruanos esperan identificar más seudónimos de una lista negra de Odebrecht

El fiscal que lleva el caso Lava Jato en Perú, Rafael Vela, llega este miércoles a la sede del Ministerio Público Federal en el estado de Paraná para interrogar al ingeniero brasileño Jorge Barata, implicado en el escándalo de Odebrecht, en Curitiba (Brasil).

EFE

Curitiba (Brasil) —

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El Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público peruano inició este miércoles en la ciudad brasileña de Curitiba (sur) una nueva fase de interrogatorios al exapoderado de la constructora brasileña Odebrecht en Perú Jorge Barata, quien deberá identificar más seudónimos de una lista negra.

“Tenemos la expectativa de que la diligencia se desarrolle sin contratiempos y seamos capaces de obtener la mayor cantidad de información posible conforme se ha especificado”, comentó el coordinador del equipo de fiscales anticorrupción, Rafael Vela, a su llegada a la sede regional en Curitiba de la Procuraduría Regional de la República de Brasil.

De acuerdo con Vela, la identificación de personas que fueron anotadas en la lista tan solo por seudónimos “es parte efectiva de la información que ha sido entregada y la diligencia tiene específicamente varias cuestiones estratégicas logísticas. La decodificación es una de las prioridades, pero no la única”.

Barata y los exejecutivos de la compañía Eleuberto Martorelli y Marko Antonio Harasic Angulo deberán identificar por lo menos 71 seudónimos que aparecen en una lista de “caja 2”, conocida como División de Operaciones Estructuradas de la constructora, que Odebrecht usaba para el presunto pago de coimas.

Martorelli fue quien supuestamente ordenó los pagos bajo el seudónimo de “Curriculum vita” al congresista de Alianza para el Progreso (APP) y exgobernador regional César Villanueva, a cambio de adjudicación de contratos para obras públicas.

Vela, quien comandará los interrogatorios que se extenderán hasta el viernes en Curitiba, reiteró que el trabajo de los tres días de diligencias se realiza “sobre la base de una planilla que la empresa Odebrecht, en cumplimiento de sus obligaciones como colaborador eficaz, entregó al fiscal José Domingo Pérez”.

Los interrogatorios a Barata, Martorelli y Harasic Angulo serán acompañados por sus abogados de defensa y los de Odebrecht debido a que los implicados tienen también un acuerdo de colaboración con la Justicia brasileña para reducción de penas.

“Es una diligencia reservada dentro de la ejecución del acuerdo de colaboración eficaz homologado en Perú bajo estricta supervisión de la procuraduría federal brasileña considerando que la empresa Odebrecht y Jorge Barata son delatores premiados en Brasil”, señaló Vela, acompañado por los fiscales Pérez y Germán Juárez.

Además de los fiscales, desde Lima viajó a Brasil el procurador para el caso de la Lava Jato en Perú, Jorge Ramírez, quien declaró que su presencia es para “garantizar el cumplimiento del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht” y la posterior reparación civil a favor del Estado peruano.

El pasado 16 de febrero los fiscales peruanos firmaron en Sao Paulo un acuerdo en el que Odebrecht se comprometió a entregar documentos “valiosos” y a pagar 610 millones de soles peruanos (unos 185 millones de dólares) al Gobierno del país andino como compensación por los sobornos realizados.

Según el equipo interrogador, Barata se comprometió a “colaborar” a pesar de la situación política compleja que vive Perú.

El presidente peruano Martín Vizcarra ordenó el lunes la disolución del Congreso y anunció que la elección del nuevo Parlamento será el 26 de enero del 2020, dentro de cuatro meses, tal como lo estipula la Constitución Política en este tipo de casos.

El Congreso, dominado por el fujimorismo y sus aliados de derecha y extrema derecha, respondió en rebeldía y acusó al mandatario de violar la Constitución por haber disuelto indebidamente la Cámara y suspendió a Vizcarra por “incapacidad moral”.

En lugar de Vizcarra, una parte del disuelto Congreso, nombró en su lugar a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “presidenta en funciones”, quien después de juramentar decidió renunciar al cargo y abogó por una convocatoria urgente de elecciones generales.

Se sospecha que entre varios de los 71 seudónimos corresponden a congresistas del disuelto Legislativo, incluso de algunos que pretendieron en las últimas horas salir del país andino.

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