La Fiscalía aboga por más castigo para los reincidentes de delitos en la red

La Fiscalía es partidaria de afrontar reformas legales para castigar más algunas conductas delictivas en internet, como la reincidencia, y para facilitar la denuncias por la vía penal cuando se vierten en la red ofensas o injurias.

Así lo ha manifestado la fiscal coordinadora de Criminalidad Informática, Elvira Tejada, en el Congreso, donde ha planteado reformas legales, como que se prohíba el uso y acceso a internet o la gestión de páginas web a los reincidentes en delitos cometidos a través de la red, como el acoso a menores o la pornografía infantil.

Tejada ha hecho esta sugerencia a los grupos parlamentarios en su comparecencia en la Comisión mixta de Seguridad Nacional, donde ha expresado la necesidad de más reformas para poder perseguir mejor la ciberdelincuencia.

Una comisión en la que ha comparecido también el director del Nato Stratcom Center of Excellence (NSCE), Janis Sarts, quien ha asegurado que existen “evidencias” de que el Gobierno ruso estuvo implicado en los ciberataques a Ucrania y Alemania, como también pudo estar detrás de las supuestas injerencias en el proceso independentista en Cataluña.

Sobre este último asunto no ha concretado nada la fiscal de Criminalidad Informática, que se ha limitado a señalar que no todo en la red es delito, pero sí algunas actividades, como desinformar sobre un atentado terrorista y alertar a las fuerzas de seguridad. De todos modo, ha precisado, hay que analizar cada caso.

Tejada ha insistido en las reformas legales que la Fiscalía considera pertinentes y ha opinado que la reiteración de determinados comportamientos en la red podría sancionarse con la pena de prohibición del uso de internet.

Es decir, se trataría de incorporar de forma específica este castigo en la legislación, ya que, aunque la Fiscalía está “intentando hacer valer” esta medida apoyada en algunos preceptos, no está teniendo mucho éxito.

Otra de las propuestas de Tejada ha sido que se tipifique penalmente la figura de la suplantación de identidad en la red, porque esta figura sí está castigada cuando se trata de estafas u otros delitos, pero no cuando el delincuente produce una lesión en la consideración de la persona suplantada.

Se ha referido también a los delitos de injurias y calumnias en internet contra personas privadas que ya han fallecido. Según la ley vigente, en estos casos la acción penal está vetada al no poder querellarse la víctima por estar muerta, por lo que sus allegados solo pueden recurrir a la vía administrativa.

Por ello, Tejada ha propuesto rescatar un artículo del Código Penal de 1973, el 466, que contemplaba la posibilidad de que lo familiares de una persona fallecida pudieran querellarse en la vía penal en determinadas circunstancias y plazos.

Elvira Tejada ha expresado su preocupación por la cifra negra de delitos de ataques y sabotajes informáticos, ya que “no se están denunciando” en la misma medida en la que están aumentando.

Respecto a ello, ha pedido que, en la trasposición de las normativas y convenios internacionales, se recuerde la obligación que tienen las autoridades públicas que reciban la notificación de los incidentes de este tipo de dar traslado de ello a la jurisdicción penal cuando los hechos revistan un carácter grave.

Por su parte, Janis Sarts, a preguntas de los diputados, ha recalcado que hay evidencias de que el Gobierno ruso ha estado involucrado en determinados casos de ciberataques, como lo ha estado en noticias alarmantes dirigidas a los ciudadanos de Estados Unidos.

“No creo que esta operación hubiera podido ser realizada sin el consentimiento de las instancias más altas del Gobierno. Es mi opinión personal. Lo que se puede decir es que la mayoría de estas pistas sobre direcciones de IP nos llevan a territorio ruso”, ha señalado.

En su ponencia, Sarts ha ilustrado con casos como el uso de las redes sociales por parte de grupos terroristas como el Dáesh o las supuestas injerencias del gobierno ruso en la crisis de Cataluña los peligros del ciberespacio.

Tras destacar el aumento de la inteligencia artificial, de las redes robotizadas y de los trolls, Sarts ha incidido en la amenaza que esto supone para que los estados democráticos puedan mantener su confianza.

El director del NSCE ha aprovechado su comparecencia para sugerir a los diferentes grupos parlamentarios que deben “aumentar la concienciación” sobre la situación y “crear una narrativa nacional” fuerte que pueda responder a estos fenómenos.