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Las víctimas del franquismo animan a Martín Villa y demás ex ministros a viajar a Argentina para mostrar su colaboración
El abogado Carlos Slepoy, uno de los impulsores de querella investigada en Argentina por crímenes cometidos durante el franquismo, ha considerado “bárbaro” que el ex ministro Rodolfo Martín Villa tenga intención de prestar declaración ante la juez María Servini y le ha animado a viajar hasta Buenos Aires para resolver su situación procesal si tanta “buena voluntad” tiene.
Así se ha pronunciado en declaraciones a Europa Press después de que Martín Villa haya declarado que quiere defenderse sin usar como “parapeto” la decisión del Gobierno de no detener a los afectados y que está estudiando si podría hacerlo a través de una comisión rogatoria, por escrito, videoconferencia o a través de la cooperación jurídica internacional para declarar sin tener que viajar a Argentina.
Slepoy ha destacado que es la juez Servini, quien pidió su detención internacional para interrogarle junto con otras 18 personas en Buenos Aires, la encargada de decidir cómo prestan declaración. “Lo que a él le corresponde es decir si acepta o no la extradición”, ha añadido.
“Si Martín tiene intención de declarar nos parece bárbaro que se traslade a Argentina. Lo lógico es que si está dispuesto a colaborar viaje hasta allí”, ha afirmado el abogado, para animar al resto de imputados a seguir sus pasos.
Dicho esto, ha acusado al Gobierno de España de “incumplir” de forma “flagrante” la ley para no detener a los 19 acusados, entre ellos siete ex ministros, por crímenes cometidos durante la dictadura franquista y anunciar que la Audiencia Nacional tampoco les extraditará por la prescripción de los hechos y la Ley de Amnistía de 1977.
En este sentido, el abogado ha expuesto que el Gobierno “no niega” los hechos y ha advertido de que los imputados deben declarar ante una juez extranjera porque en España esta causas han estado sometidas a una “impunidad” total.
Las víctimas del franquismo se reunirán este jueves con representantes de la Izquierda Plural y el Grupo Mixto en el Congreso y no descartan presentar sus denuncias de forma “masiva” ante los juzgados españoles.
El caso tiene su origen en la denuncia interpuesta en abril de 2010 por múltiples víctimas y sus familiares agrupados en la Coordinadora CEAQUA al entender que los crímenes ocurridos desde el 17 de julio de 1936 constituían un plan sistemático y planificado de “aterrorizar a españoles” por su ideología y de sustracción de menores.
