Garzón subraya que habla de las macrogranjas como ministro del Gobierno y critica la “manipulación” de sus palabras

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, en una fotografía de archivo. EFE/Luca Piergiovanni

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Alberto Garzón se ha reafirmado este miércoles en sus críticas a las macrogranjas y a la ganadería intensiva después de la polémica creada en torno a una entrevista que concedió hace unos días al diario The Guardian. En una entrevista en la Cadena SER, el titular de Consumo ha atribuido las críticas de numerosos dirigentes políticos contra sus declaraciones, entre ellos presidentes autonómicos socialistas, a un “bulo” y a la manipulación de sus palabras.

Esto es exactamente lo que ha dicho Alberto Garzón sobre la industria cárnica

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El ministro de Consumo ha aclarado en la entrevista de hoy que sus críticas siempre han ido dirigidas hacia las macrogranjas y la ganadería “masiva, rápida y al menor coste posible”, y ha defendido en su lugar la producción extensiva. La polémica generada alrededor de sus declaraciones, se debe, ha opinado, a un “bulo” lanzado en primer lugar por una empresa “vinculada al lobby cárnico”, que ha manipulado sus palabras.

Posteriormente, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tuiteó esas declaraciones recortadas y descontextualizadas para denunciar que el ministro estaba atacando a los ganaderos. A partir de ese mensaje del dirigente popular, numerosos políticos, sobre todo del PP y de Vox, pero también socialistas, como el presidente aragonés, Javier Lambán, o el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también cargaron contra el ministro.

“Es una bola que se va generando, de gente que se opone al menos a una parte del Gobierno, y donde todos antepusieron sus intereses partidistas a la búsqueda de la veracidad, primero de mis palabras, pero también de la realidad: el impacto de esta ganadería de macrogranjas en el medio ambiente”, ha precisado el ministro en la entrevista en la SER.

Tras las críticas de Lambán y García-Page, la parte socialista del Gobierno ha entrado a la polémica para aclarar que Garzón hizo esas declaraciones “a título personal”. Tanto la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, como la titular de Educación, Pilar Alegría, han respondido en sendas entrevistas durante el día que la postura del Gobierno no es la que defiende su compañero de coalición.

Sin embargo, Garzón ha reiterado hoy que sus declaraciones, además de a título personal, porque defiende esas ideas, las hizo en representación del Ministerio de Consumo y las políticas que está llevando a cabo su cartera. “Es evidente que yo estoy en contra de las macrogranjas, pero mis declaraciones son como ministro de Consumo. No podría ser de otra manera tratándose de una materia que es nuestra competencia”, ha dicho. Así, ha considerado que sus declaraciones fueron “impecables” y que lo que está haciendo es traducir en un espacio político lo que dice la evidencia científica sobre este tipo de ganadería.

Tras las palabras de la ministra portavoz, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha publicado un mensaje en su perfil de Twitter a propósito de la polémica en el que ha apoyado a Garzón, aunque sin mencionarlo directamente. “Nuestro país debe seguir apostando por la ganadería sostenible, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y el F2F, y denunciar aquellas prácticas minoritarias que agravan la crisis climática”, ha escrito Díaz. Y es que “un Pacto Verde Europeo socialmente justo repercute positivamente en la salud pública”, ha añadido, en línea con la argumentación del ministro, tanto en la entrevista en The Guardian como hoy en la SER.

“Todos los países se encuentran en la misma situación y quienes nos escuchan saben que no es lo mismo la calidad de la carne que se hace en extensivo, permitiendo al ganado pasear, alimentarse en los terrenos, que el modelo de las macrogranjas, donde en la mayoría de los casos los animales ni siquiera se pueden mover y son engordados con químicos”, ha dicho, antes de recordar que la Comisión Europea “ ha abierto un expediente a España” por el exceso de nitrato en los suelos a causa de este tipo de ganadería.

Garzón ha explicado en la entrevista que ha hablado con Yolanda Díaz sobre el tema y que la vicepresidenta ha comentado el asunto con Pedro Sánchez, aunque ha aclarado que él no ha hablado directamente con el presidente del Gobierno. Aún así, ha achacado el disenso entre ambas partes de la coalición a la diferencia de opiniones normal entre dos partidos distintos que comparten un proyecto de Gobierno.

Las declaraciones de Garzón también han generado una catarata de reacciones airadas en el sector primario. De Coag a organizaciones agrarias de Aragón o Castilla y León, o la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (Fcac), que ha pedido su dimisión y ha considerado “injusto que una vez más el titular de Consumo señale al sector ganadero como causante principal del cambio climático, presentando información tergiversada y emitiendo descalificaciones generalizadas”, a otras organizaciones profesionales agrarias y cárnicas. 

También ha manifestado su “repulsa” el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España, mientras que el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios ha asegurado que sus palabras “vuelven a rozar el ridículo, son carentes de todo fundamento, faltan gravemente a la verdad y generan un grave daño a la industria cárnica de nuestro país poniendo en juego, entre otras cuestiones, innumerables puestos de empleo”. Por su parte, el Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza ha calificado también de “bulos” las declaraciones, y ha considerado que son “una ofensa para profesionales, técnicos, industriales, investigadores y ganaderos”.

Sin embargo, Garzón se ha reafirmado en sus palabras y ha insistido en que la política que está desarrollando desde su Ministerio es “congruente” con la política de la Unión Europea y con la de muchas comunidades autónomas en España. En este sentido ha recordado que, a pesar de las críticas de Page, su propio gobierno aprobó en diciembre una moratoria para evitar la implantación de nuevas macrogranjas en la región.

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