El Gobierno recurre al Constitucional el Plan de Acción Exterior de Cataluña al negarse la Generalitat a cambiarlo

El Consejo de Ministros ha decidido este viernes recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) el Plan de Acción Exterior aprobado por la Generalitat de Cataluña en junio al considerarlo inconstitucional y tras haberse negado el Ejecutivo de Quim Torra a cambiar el contenido, como le ha había pedido el Gobierno para evitar tener que acudir a los tribunales.

La ministra portavoz, Isabel Celaá, ha explicado tras el Consejo de Ministros que la Generalitat se excede en sus competencias y menoscaba las del Estado, pero ha subrayado la importancia del “contexto” en el que se ha aprobado este plan, un proceso independentista “que pretende el desprestigio de la imagen internacional de España” y que se traduce en “una diversidad de actuaciones” del propio Torra, de sus consejeros y de las delegaciones de Cataluña en el exterior.

El plan fue aprobado el 25 de junio. En agosto, el Gobierno envió un requerimiento a la Generalitat advirtiéndole de que no era competente para aprobar una iniciativa con esos contenidos, pero el Ejecutivo catalán respondió el pasado 26 de septiembre “negativamente”, es decir, afirmando que no pensaba corregir nada.

Tras consultar al Consejo de Estado y recibir informe favorable, el Ejecutivo ha decidido presentar lo que se denomina conflicto positivo de competencia ante el Tribunal Constitucional y solicita la inmediata suspensión del plan. Si el TC acepta y dicta esta suspensión, la Generalitat no podrá llevar a cabo ninguna iniciativa contenida en ese plan ni llevar adelante ninguna acción que lo ponga en práctica.

Es decir, la Generalitat no podrá invocar en ninguna actuación este plan si llega a ser suspendido, pero el recurso no supone el cierre de las llamadas 'embajadas' catalanas, que sigue un proceso independiente y paralelo.

LAS 'EMBAJADAS', AL MARGEN

Es el Ministerio de Asuntos Exteriores el que ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) varias de estas delegaciones. Las primeras ocasiones lo hizo por motivos formales, pero en el caso de las tres últimas anunciadas por la Generalitat --en Túnez, Argentina y México-- ya argumentó que, a la luz de experiencias previas, estas oficinas no pretenden laq “legítima proyección exterior” de Cataluña, sino “un fin inconstitucional como es la creación de una 'estructura de Estado' al servicio de un proyecto de transición nacional de carácter secesionista”.

La Generalitat, como todos los Gobiernos autonómicos, debe comunicar de antemano al Gobierno central la apertura de sus oficinas en otros países, y el Gobierno central elaborar un informe que cuenta con participación de Hacienda, de Política Territorial y de Exteriores, que es quien valora si estas oficinas se adecúan a los principios de unidad de acción exterior que prevé la ley.

Todas las delegaciones aprobadas por Torra han recibido informe negativo, pero eso no frena su apertura. Exteriores pidió, a posteriori, la paralización cautelar de las de Londres, Berlín y Ginebra --el TSJC lo desestimó por considerar que debía haber pedido el cierre cautelar en el momento de presentar el recurso--. Este mes de septiembre, al recurrir la creación de las de Argentina, Túnez y México, sí pidió su paralización cauterlar.

DESLEALTAD CONSTITUCIONAL

Con el recurso de este viernes, Celaá ha explicado que el Gobierno busca que el Constitucional declare que la Generalitat ha actuado contra las competencias exclusivas del Estado en materia de relaciones internacionales, pero que declare también que “ha vulnerado el principio de lealtad constitucional”: cuando una Comunidad ejerce una competencia hace referencia al marco estatal en el que se desarrolla.

La portavoz ha explicado que en ese plan se omite toda referencia al Estado como competente en relaciones internacionales y a la función de coordinación que realiza el Gobierno en este apartado. Tampoco se mencionan otros organismos y “sujetos” de la acción exterior, ni la normativa española que se aplica, y existe una “falta de rigor” en los términos que se emplean. Todo va dirigido, según el Gobierno, a ofrecer una proyección internacional de Cataluña como Estado.

En este momento, en el Tribunal Constitucional hay cuatro recursos de inconstitucionalidad promovidos por el Gobierno y pendientes de resolución sobre otras tantas normas de 2017: el Código Civil de Cataluña relativo a contratos y obligaciones, la el Código Tributario en relación a la administración tributaria catalana, la ley de Comercio, Servicios y Ferias, y la Agencia Catalana de Protección Social.