El Gobierno dice que en Nicaragua no anida el odio, pero sí la miseria humana

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo este jueves que en su país no anida el odio, ni la maldad, ni la perversidad, pero sí la miseria humana.

“Nosotros como pueblo sabemos que aquí no anida el odio, ni la maldad, ni la perversidad; la miseria humana sí, desgraciadamente”, señaló Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega, a través de medios oficiales.

El martes pasado, el presidente Ortega cargó contra los que a su juicio celebran las sanciones contra los suyos y los llamó, entre otros, de “judas”, “caínes”, “peleles”, “vendepatrias”, “miserias humanas”, seres humanos sin alma ni corazón, seres abyectos, y de tener un comportamiento “vergonzoso e indignante” y que “entregan a su pueblo a los imperialistas”.

Murillo aseguró que todos los días, “con nuestras oraciones, proclamamos victorias sobre el odio y sobre cualquier forma de violencia que altere nuestra paz” y sostuvo que la mayoría de los nicaragüenses “cultivamos nuestro corazón, abonándolo todos los días con nuestra fe, para estar llenos del amor de Dios”.

“Días buenos los que vive nuestra Nicaragua, días para fortalecer desde la generosidad, la bondad, la conciencia crecida de humanidad. Para fortalecer la paz”, añadió la vicepresidenta.

Hace dos semanas, Washington anunció nuevas sanciones al Banco Corporativo (BanCorp) de Nicaragua, una entidad financiera vinculada a los sandinistas, y a Laureano Ortega Murillo, hijo del mandatario.

El asesor presidencial estadounidense, John Bolton, dijo entonces que irían “por los bolsillos de la familia de Ortega”.

Desde que estalló la crisis, el 18 de abril de 2018, hasta ahora, Washington ha sancionado a Murillo y a Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional del mandatario.

También al jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, consuegro de Ortega y Murillo; al vicepresidente de la petrolera Albanisa y tesorero del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Francisco López; y a Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua.

El 20 de diciembre pasado el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó la “Nica Act” que impone sanciones individuales a miembros del Gobierno de Ortega, además de limitar el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales como los del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Las sanciones bloquean todos los bienes e intereses de los afectados y el BanCorp en Estados Unidos o los que están relacionados con ciudadanos estadounidenses.

Sobre Nicaragua penden más sanciones de Estados Unidos con la Ley Magnitsky Nica, y la amenaza de la Unión Europea de otras medidas similares contra Ortega y sus allegados.

Además, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.

Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.