El Gobierno no tiene “la más mínima duda” de que se cumplirá la sentencia del TS

Madrid, 24 nov (EFE).- El Gobierno no tiene “la más mínima duda” de que las administraciones cumplen “siempre” las sentencias, han dicho a EFE fuentes del Ministerio de Educación este miércoles tras conocerse la decisión del Tribunal Supremo de no admitir a trámite el recurso de Cataluña a la sentencia que le ordena impartir un 25 % de la enseñanza en castellano.

El Ministerio no puede intervenir en este asunto y la Alta Inspección educativa, dependiente del mismo, “no tiene capacidad de vigilancia sobre las comunidades autónomas, tal y como recoge una sentencia del Tribunal Constitucional”, han añadido las fuentes.

Un día después de conocerse la resolución judicial, el conseller de Educación, Josep González-Cambray, ha enviado una carta a los directores de los centros educativos en la que les anima a hacer caso omiso de la misma, mientras que el líder del PP, Pablo Casado, ha instado al Gobierno a aplicar el artículo 155 de la Constitución, solo para el ámbito educativo, si Cataluña no cumple el fallo.

Según las fuentes ministeriales, el Gobierno “no tiene la más mínima duda de que las administraciones del Estado cumplen siempre las sentencias judiciales” y han señalado que el Supremo lo que ha hecho es una providencia de inadmisión, es decir, que no entra en el fondo del asunto y solo dice que la Generalitat “no ha dado los argumentos necesarios para justificar un recurso de casación”.

En las próximas fechas, el Supremo deberá comunicar en un auto su decisión al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y le devolverá el expediente judicial completo, que a su vez habrá de redactar una “providencia de devenir firme de la sentencia” (como la demanda ya no tiene más recorrido, la declara firme y ordena su ejecución).

Una vez emitida, el TSJC tiene diez días para comunicar a la Generalitat su obligado cumplimiento y, en consecuencia, el Ministerio de Educación “no tiene que intervenir” en este momento procesal.

Los artículos 103.1 y 104.1 de la ley sobre jurisdicción administrativa establecen que la potestad para hacer cumplir las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde a los tribunales que hayan conocido del asunto en primera o única instancia, han recordado las mismas fuentes.

Si una vez concluidos los trámites entre el TSJC y la Generalitat no fuera efectivo el cumplimiento de la sentencia, la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio, y los padres que presentaron demandas por incumplirse la enseñanza en castellano en Cataluña “podrían pedir la ejecución forzosa” al tribunal.