El Gobierno Vasco impulsa un estudio “oficial” sobre la tortura en Euskadi

El Gobierno Vasco ha encargado a un equipo dirigido por el forense Francisco Etxeberria un estudio “oficial” sobre la incidencia de la tortura en Euskadi entre los años 1960 y 2010.

El secretario general de paz y convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, y el profesor de Medicina Forense de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) Francisco Etxeberria han presentado hoy en San Sebastián este proyecto, que representa “el primer paso” para desarrollar la iniciativa sexta del Plan de Paz y Convivencia del ejecutivo autonómico.

El objetivo del estudio, que tendrá un carácter oficial y científico, consiste en “desvelar la incidencia real de este fenómeno en Euskadi en estos 50 años” para establecer “las conclusiones en materia de reconocimiento, reparación y prevención”, ha explicado Fernández.

El estudio contará con el respaldo del Instituto Vasco de Criminología y se basará en una metodología de evaluación pericial descrita en el Protocolo de Estambul, que es “un estándar internacional” avalado por las Naciones Unidas.

Etxeberria ha explicado que el método abordará tres ámbitos: el documental, en el que se estudiarán las denuncias que se interpusieron; el testifical, para el que recabarán los testimonios de personas que reclamaron haber sido torturadas; y el pericial.

Cada testimonio será analizado bajo criterios de coherencia y certidumbre que permitan discriminar los que resultan verosímiles de los que pueden no ser ciertos, a lo que se sumará el estudio de las secuelas que los malos tratos hayan podido dejar en las víctimas, como el estrés postraumático, que presenta síntomas claramente identificables, ha explicado Etxeberria.

En la primera etapa del trabajo, que durará entre 6 y 8 meses, buscará una cuantificación “solvente” del número de alegaciones de tortura existente en el periodo estudiado.

En la siguiente fase, de entre 9 y 12 meses, se abordará “la credibilidad de las denuncias de tortura mediante el estudio de un suficiente número de casos individuales que permitan una aproximación estadística global”.

Por último, la tercera fase, que se prolongará entre 3 y 5 meses, pretende “establecer conclusiones y recomendaciones en materia de reconocimiento, reparación y prevención”.