Cinco grandes leyes que no se pueden reformar sin el PSOE
Mariano Rajoy y Albert Rivera han suscrito un pacto de investidura que, a corto plazo, sólo sirve para intentar que el candidato del PP salve el trámite en el Parlamento. Con la previsión de que la sesión de esta semana resulte fallida, Rajoy volverá a intentarlo con la esperanza de que Pedro Sánchez se replantee su negativa y la sustituya por una abstención que le permita a Rajoy volver a presidir el Ejecutivo y dejar de estar en funciones.
Pero para varios de los puntos acordados no basta con los 137 escaños del PP ni aunque se sumen los 32 de Rivera. Ambos han expresado su voluntad de cambiar asuntos que pasan por reformar leyes orgánicas. Para ello, es necesario contar con mayorías reforzadas, es decir, que no se podrían llevar adelante sin la participación de los socialistas.
Aforamientos
La medida número 94, dentro del bloque titulado “Transparencia, regeneración democrática y lucha contra la corrupción” y del epígrafe A (“Más credibilidad y más confianza”) propone la eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos. Esa es toda la concreción de una iniciativa, por la que ha peleado Ciudadanos, y a la que el PP ha sido reticente hasta ahora.
El anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, impulsó una reforma que no llegó a ver la luz y en la que proponía que la protección del aforamiento se redujera considerablemente en cuanto al número de beneficiados y se pasara de los más de 17.000 actuales a sólo una treintena. El plan era mantenerlos para los miembros de la Familia Real, los presidentes del Supremo, Constitucional y del CGPJ, entre otros.
Pero su reducción pasa por una reforma de la Carta Magna y también por otra de los diferentes estatutos de autonomía de las comunidades.
El papel del Senado
El mantra de convertir el Senado en una “auténtica cámara territorial” tampoco es posible sin modificar la Carta Magna. El artículo 69 del título III afirma que ése es el papel de la Cámara Alta, aunque en realidad sirve para una segunda lectura de las leyes que se aprueban en el Congreso. El acuerdo concreta que sus funciones, entre otras, serán las de “determinar la financiación autonómica, los planes estatales de infraestructuras del transporte o la determinación de niveles comunes en los grandes servicios públicos”.
Lo más novedoso es la última línea de la medida 101, que reza “ambos partidos se comprometen a apoyar la reducción sustancial del número de senadores”. En el caso del acuerdo de gobierno suscrito con el PSOE, sí se fijó que la Cámara se dejaría en cien senadores. Rivera sí ha citado esa cantidad durante su comparecencia ante la prensa y Rajoy ha preferido no mencionarla.
Ley electoral
El empeño del PP de reformar la ley electoral en las convocatorias municipales para conseguir que gobierne la lista más votada es otro de los acuerdos. Según el texto, la reforma abordaría, “desde el consenso parlamentario”, cuestiones como “la mejora de la proporcionalidad, la elección directa de los alcaldes, el desbloqueo de las listas electorales, la implantación de los sistemas electrónicos, la mejora de los procedimientos del ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos residentes en el extranjero”.
Además, se incluye la posibilidad de abordar “la reducción de la duración de las campañas y los límites de los gastos electorales”, un asunto que formó parte del debate pñublico ante la repetición electoral del 26 de junio y que ha vuelto a salir a colación ante la posibilidad de que los españoles vuelvan a votar el 25 de diciembre.
El Consejo General del Poder Judicial
Los cambios en el método de elección de los vocales del órgano de representación de los jueces suponen que 12 de los 20 sean elegidos directamente por ellos y no a través de los partidos políticos. Es similar a la reforma pactada entre Ciudadanos y PSOE, por lo que no se espera que los socialistas pongan pegas en este aspecto para el que es necesario su concurso.
Financiación autonómica
Los cambios en la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) buscan corregir “las insuficiencias del sistema y garantizar los principios de autonomía, solidaridad e igualdad”. Los partidos han pactado que el nuevo sistema que tiene que decidirse este año establezca “una cartera de servicios comunes” para todos los españoles que pueden ser ampliados por las autonomías.
El acuerdo pasa por que “en el primer mes de Gobierno se constituirá un grupo de trabajo que actuará de forma paralela y coordinada con el existente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para ofrecer propuestas sobre un nuevo modelo de financiación territorial”.
Esta redacción es prácticamente calcada a la que acordaron Sánchez y Rivera en su pacto.
