Guatemala cierra 2020 con crisis de gobernabilidad en sus tres poderes estatales

Guatemala, 23 dic (EFE).- Guatemala culminará el presente año con una crisis de gobernabilidad en los tres poderes del Estado que amenaza con agravarse en 2021, en el segundo año de la Presidencia de Alejandro Giammattei.

La situación política del país centroamericano fue deteriorándose durante los primeros diez meses del año y tuvo su clímax el sábado 21 de noviembre cuando cientos de encapuchados quemaron una parte del Congreso y otras 10.000 personas se manifestaron en contra de Giammattei ante el Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno.

El origen de las protestas fue la aprobación de un polémico presupuesto para 2021 aprobado por el Congreso, pero el malestar general de la población se había acumulado por meses debido a diversos escándalos de corrupción a todo nivel.

Aunque la tensión se ha reducido en los últimos días, la situación no deja de ser crítica para los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los tres poderes del Estado, envueltos cada uno en serias crisis que empiezan a extenderse ya a otras instituciones como el Ministerio Público (MP, Fiscalía).

“A estas crisis se suma el mal y opaco manejo del covid-19 (por parte del Gobierno) y los fenómenos naturales Eta y Iota (que azotaron Guatemala en noviembre)”, explicó a Efe el procurador de los derechos humanos guatemalteco, Jordán Rodas.

EN EL ORGANISMO EJECUTIVO

En opinión del ombudsman, en el Organismo Ejecutivo “tenemos un divorcio entre el presidente (Alejandro Giammattei) y el vicepresidente (Guillermo Castillo), que a la larga perjudica a todos los guatemaltecos”.

Las diferencias entre ambos se hicieron visibles públicamente el viernes 20 de noviembre, un día antes de la masiva manifestación, cuando Castillo instó a Giammattei a renunciar en conjunto por el bien del país.

A principios de diciembre los dos funcionarios salieron juntos públicamente para informar que habían resuelto sus disputas, pero el pasado 21 de diciembre Castillo no fue convocado a una reunión relevante de Gabinete.

Ese mismo día, el vicepresidente insinuó en sus redes sociales que era víctima de escuchas telefónicas. “Llevo varias semanas haciendo llamadas a diferentes números y estoy escuchando los famosos sonidos como que si alguien me escucha o una especie de interferencia. Upsss...¿soy solo yo?”, se preguntó Castillo.

Las manifestaciones en contra de Giammattei cesaron tras cuatro fin de semana consecutivos de plantones ante el Palacio de la Cultura entre noviembre y diciembre, pero no se descarta que vuelvan en 2021.

EL CONGRESO Y EL ORGANISMO JUDICIAL

La Corte Suprema de Justicia de Guatemala, ente al mando del Organismo Judicial, debió ser renovada en octubre de 2019 al igual que alrededor de 200 jueces de tribunales de Apelaciones.

Sin embargo, el procedimiento se atrasó por diversas irregularidades y desde junio está estancado en el Congreso, donde la mayoría de diputados, aliados con Giammattei, se rehúsan a llevar a cabo la elección ordenada por la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país.

Las última renovación del Organismo Judicial, en 2014, que dio paso a las autoridades actuales, fue manipulada por varios actores, incluido el extinto Partido Patriota del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), según varias investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una de ellas denominada “Comisiones Paralelas”.

“El Organismo Legislativo, de forma irresponsable, desafía al estado de Derecho, incumpliendo la sentencia de la Corte de Constitucionalidad de elegir a la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, lo cual nos hace tener una Corte Suprema ilegítima”, explicó el procurador guatemalteco.

La elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y los 200 jueces de apelaciones es trascendental para la lucha anticorrupción en Guatemala por los próximos cinco años y ha llamado ampliamente la atención de Estados Unidos.

El pasado 9 diciembre, el nuevo embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Popp, aseguró en un acto público que sin cortes “honestas e independientes”, el desarrollo no será posible en el país, pues “sin autoridades que velan por intereses del pueblo y no intereses individuales, la Justicia no puede existir”.

Precisamente Estados Unidos también expresó su malestar públicamente en octubre sobre la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, al frente de otra entidad que empieza a exhibir signos de crisis, especialmente después de un par de manifestaciones frente a sus instalaciones en diciembre y la solicitud de su renuncia este martes por parte de 90 organizaciones sociales.

“La Fiscal General (de Guatemala) tiene como deber perseguir legítimas investigaciones de corrupción hasta donde lleven. Persiga a los corruptos, no a sus fiscales anticorrupción en la FECI (Fiscalía Especial Contra la Impunidad)”, le advirtió el 9 de octubre mediante sus redes sociales el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak.