El histórico etarra Troitiño sabrá el 1 de febrero si es extraditado a España

El histórico etarra Antonio Troitiño, detenido en el Reino Unido el pasado junio, sabrá el 1 de febrero si es extraditado a España, que le reclama para alargarle su condena en aplicación de la “doctrina Parot”.

El juez Michael Snow de la Corte de Magistrados de Westminster (Londres) fijó hoy esa fecha para emitir su dictamen, tras escuchar durante dos jornadas los alegatos de la fiscalía y la defensa.

Troitiño, de 55 años y autor de graves atentados en la década de los 80 por los que cumplió una pena de 24 años en España, estuvo acompañado en la segunda sesión del juicio por un grupo de amigos en la galería del público.

Durante la audiencia de hoy, la defensa, encabezada por Matthew Ryder, acabó con su exposición de argumentos, que posteriormente rebatió el fiscal, Jonathan Hall.

Ryder argumentó que la orden europea de arresto emitida por España por la que Troitiño fue detenido en Londres el 29 de junio de 2012 era “defectuosa”, dado que no precisaba todos los delitos que conformaban la pena impuesta a su cliente en 1987, que ahora se le quiere alargar.

Hall, por contra, sostuvo que ello era irrelevante, visto que, en cualquier caso, solo con los tipificados se sobrepasaba el máximo legal de permanencia en prisión en España, de 30 años.

El etarra salió en libertad el 13 de abril de 2011 tras cumplir una pena de 24 años (reducida de 30), pero días después la Audiencia Nacional revocó esa decisión y lo requirió para ampliarle la condena en aplicación de Parot.

Para entonces ya estaba ilocalizable, por lo que se emitió una orden para su detención en el Reino Unido.

España reclama pues a Troitiño para aplicarle de forma retroactiva la “doctrina Parot”, introducida en 2006 y que tiene el efecto de alargar las penas de los presos, lo que en su caso fijaría su excarcelación para 2017.

Esta doctrina, que actualmente analiza la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, dictamina que las redenciones de condenas por beneficios penitenciarios se aplican no sobre el máximo legal de 30 años que un recluso puede pasar en prisión en España, sino sobre cada una de las penas.

En la sesión de ayer, Ryder argumentó también que la extradición de su cliente “violaría sus derechos humanos”, en concreto los artículos 5 y 7 de la Convención Europea.

El primero reconoce el derecho a la libertad y el segundo establece “la irretroactividad de las leyes penales desfavorables”, lo que, según el letrado, se violaría si a Troitiño se le devuelve a España para aplicarle la “doctrina Parot”.

Por su parte, Hall sostuvo que la extradición se ajustaría a la legalidad española.

El tribunal europeo invalidó el año pasado la aplicación de la doctrina Parot sobre la etarra Inés del Río, por considerar que el alargamiento de su pena de forma retroactiva violaba sus derechos, y ordenó que fuera excarcelada e indemnizada.

Sin embargo, España recurrió en octubre este dictamen, por lo que tanto Del Río como otros etarras en su situación, incluido Troitiño, deben esperar ahora a que haya una sentencia firme para saber si se les puede o no aplicar esa doctrina.

Durante el proceso en Londres, la defensa ha abogado por que su cliente espere esta sentencia en el Reino Unido, posiblemente en libertad vigilada, dado que puede tardar meses o incluso años.

No obstante, el fiscal insistió hoy en que “no hay ningún motivo por el que Troitiño tenga que recibir un trato diferente a Del Río”, que está encarcelada en España a la espera del pronunciamiento de Estrasburgo.

Antonio Troitiño, que hoy fue asistido por una traductora, fue autor de varios atentados entre 1982 y 1984 y del perpetrado en 1986 contra un autobús de la Guardia Civil en la plaza República Dominicana de Madrid, donde murieron doce guardias civiles y hubo más de medio centenar de heridos.

Por Judith Mora