Un hogar y más autonomía para empoderar a las víctimas de violencia machista

Madrid, 7 mar (EFE).- Para mejorar la independencia de mujeres víctimas de violencia machista y empoderarlas, el Ayuntamiento de Madrid habilitó tras el primer estado de alarma tres pisos con quince plazas en régimen de semiautonomía que han resultado “un éxito” y que se van a convertir en un recurso permanente.

Nueve mujeres han estado alrededor de nueve meses en estos tres pisos compartidos en régimen de semiautonomía, es decir, sin acompañamiento 24 horas, sino con el apoyo a distancia de una trabajadora social y una educadora que han trabajado con ellas en la reparación de las secuelas y la búsqueda de empleo.

Un proyecto “innovador” en la ciudad que se impulsó en un momento “clave”, explica a Efe el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, que lo enmarca en las 21 medidas contra la violencia machista acordadas por el pleno de Cibeles en noviembre de 2019.

Con la pandemia detectaron “la necesidad de generar nuevas plazas de alojamiento para víctimas de violencia de género” y pensaron “hacer una visión reformista” con el objetivo de “estar a la vanguardia en la política de igualdad y la lucha contra la violencia”.

“Había un tipo de modelo de piso que no existía en Madrid, en régimen de semiautonomía, y era un momento muy idóneo para impulsarlo”, dice Aniorte, que añade que la ciudad cuenta con 72 plazas en centros de emergencia de violencia de género en los que “hay menos autonomía” porque las usuarias “tienen una atención 24 horas”.

“De ahí nace también la necesidad de impulsar ese modelo de piso semiautónomo que empodera mucho mejor a la mujer” y donde se trabaja “más el ámbito laboral, de empleo, de autonomía ya completa” y en el aspecto económico como pasos necesarios para la recuperación, incide el delegado.

Así, a través de un contrato de emergencia se pusieron en marcha las tres viviendas cuyos resultados han sido “muy, muy positivos”.

“Sabíamos de la necesidad que podía tener una ciudad como Madrid de este modelo y la verdad es que nos alegramos del enorme éxito que han tenido”, que ha derivado en la decisión de “casi duplicar” el servicio en menos de un año y conseguir pasar de 15 a 26 plazas que el delegado espera que estén “en un par de meses” tras la tramitación y adjudicación del contrato estable.

Seis de esas plazas serán específicas para mujeres mayores de 60 años, cuya realidad quiere “visibilizar y abordar” el Ayuntamiento de Madrid.

Si al iniciar el proyecto solo dos usuarias tenían ingresos previos (una por trabajo por cuenta ajena y otra por Renta Activa de Inserción para víctimas de violencia machista), al finalizarlo el cien por cien consiguieron salir de los pisos “con ingresos”, cuenta la jefa de la sección de Atención a la Violencia de Pareja/Expareja, Marta Oliva.

La mitad consiguieron contratos a jornada completa, “en buenas condiciones”, y el resto obtuvieron los ingresos con prestaciones sociales (Renta Activa de Inserción), a pesar de las “dificultades” que la covid ha supuesto en este sentido, sobre todo en un primer momento, cuando resultaba “más complejo” realizar cualquier trámite administrativo.

Además, el 70 por ciento de las mujeres han salido a una alternativa residencial autónoma: el 30 por ciento de ellas a pisos en alquiler para la unidad familiar y el 40 por ciento en viviendas de alquiler compartidas.

En dos casos, debido a una mayor situación de vulnerabilidad social, se ha planteado la necesidad de continuar en recursos para familias monoparentales.

“El proyecto ha tenido buenísimos resultados”, resume Oliva sobre este planteamiento residencial “más empoderante” en el que, mientras la trabajadora social y la educadora “trabajan en una línea de ir planificando el momento de salida” de las casas, la cuestión es que las mujeres “las vivan como sus propias viviendas el tiempo en que estén en ellas”.

Son unas viviendas de particulares “totalmente integradas en comunidades de vecinos”, en zonas “muy bien comunicadas, con acceso a transporte público, en barrios con colegios e institutos”, comenta Sandra Suárez, de Provivienda, trabajadora social y coordinadora del proyecto.

Esta asociación sin ánimo de lucro ha sido la encargada de gestionar las residencias y de dar el apoyo socioeducativo a través de la trabajadora social y la educadora, que han trabajado “con muchísima coordinación” con los profesionales de referencia de las mujeres de los distintos servicios municipales.

“El éxito de este proyecto en este caso es el trabajo conjunto”, resalta Suárez, que hace hincapié también en la duración de la estancia.

Periodos muy breves de tiempo “no tendrían los mismos resultados” y en nueve meses “realmente ha habido un cambio sustancial”.

“Ha permitido que mujeres salgan a una vivienda de alquiler con sus hijos, que puedan salir realmente a una vida autónoma”, señala Suárez sobre “algo tan necesario”.

Pepi Cardenete