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La implantación de una Administración electrónica costará el primer año 13 millones de euros y ahorrará 172
La implantación de una Administración Pública totalmente electrónica e interconectada por parte del Gobierno tiene un coste estimado de 13 millones de euros el primer año, lo que supone un ahorro neto a la Administración General del Estado que asciende a casi 172 millones de euros.
Así se refleja en la memoria económica del proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al que ha tenido acceso Europa Press, y que ha sido enviada al Congreso de los Diputados.
El anteproyecto de ley, que ha sido remitido la Cámara baja tras su aprobación el pasado viernes en el Consejo de Ministros, contempla las propuestas de establecer un Registro Electrónico General así como la obligatoriedad de la tramitación electrónica de los procedimientos, entre otras medidas.
En cualquier caso, la ejecución de todas las medidas contenidas para poder implantar una Administración electrónica conlleva un gasto total de 13.032.000 millones de euros en el primer ejercicio y, a partir del primer año de su implantación, tendrá un coste anual de 4.574.000 millones de euros.
Con este proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común, junto al anteproyecto de Régimen Jurídico del Sector Público --también aprobado por el Consejo de Ministros el viernes--, el Gobierno pretende crear una Administración totalmente electrónica e interconectada así como facilitar las relaciones electrónicas de los ciudadanos con la administración.
Así, el Gobierno persigue el objetivo de que la relación entre las empresas y las administraciones sea sólo electrónica. Para ello, además de la creación de un Registro Electrónico y un Archivo electrónico único, el Ejecutivo aboga por separar la identidad de la firma electrónica y por la extensión de las notificaciones electrónicas a todas las personas físicas y jurídicas.
De este modo, la relación entre las empresas y las administraciones será sólo electrónica y, además, se simplifican los medios de identificación y de firma electrónica que se pueden utilizar para los trámites.
COSTES COMPENSADOS POR EL AHORRO
Según se destaca en reiteradas ocasiones durante la memoria económica del anteproyecto, todos los costes que puedan derivarse de la aplicación de la norma, serán compensados por el ahorro que supone en términos presupuestarios esta transformación hacia lo digital.
El Ejecutivo ha reivindicado la necesidad de esta reforma para avanzar en la eficiencia en el uso de los recursos públicos y en la actuación administrativa logrando una mayor agilidad, transparencia y una mayor simplificación de trámites y procedimientos y evitando las duplicidades.
