En prisión los supuestos implicados en la muerte de la ambientalista hondureña Berta Cáceres

Cuatro supuestos implicados en el asesinato de la ambientalista y defensora de derechos humanos Berta Cáceres fueron enviados a prisión por orden de un juzgado de Tegucigalpa.

Así lo informó hoy la portavoz del tribunal que lleva el caso, Bárbara Castillo, quien dijo a periodistas que el juez ante el que comparecieron los sospechosos les dictó detención judicial.

Se trata de Douglas Bustillo; Mariano Díaz Chávez, un mayor del Ejército hondureño; Edilson Duarte Meza, oficial militar retirado; y Sergio Rodríguez, empleado de la hidroeléctrica “Agua Zarca”, un proyecto que pretende desarrollar la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), en el occidente del país centroamericano.

Los sospechosos fueron arrestados el lunes en allanamientos simultáneos ejecutados en Tegucigalpa y la ciudad de La Ceiba, en el Caribe hondureño, en el marco de la “Operación Jaguar”.

Los cuatro hombres fueron capturados debido a que hay “evidencias probatorias” de su participación en el crimen de la líder indígena de la etnia lenca, ocurrido pese a que tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indicó en la víspera el Ministerio Público en un comunicado.

Hasta el momento las autoridades no han precisado el nivel de participación de los detenidos en el crimen de Cáceres, quien además era coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Los cuatro hombres son acusados por los delitos de asesinato en perjuicio de Berta Cáceres y de asesinato en su grado de ejecución de tentativa contra el activista mexicano Gustavo Castro, director de la asociación Otros Mundos Chiapas y único testigo del crimen.

Cáceres, quien fue una defensora de derechos humanos y ambientalista reconocida a nivel internacional, fue asesinada el pasado 3 de marzo en la occidental ciudad de La Esperanza, donde residía, al parecer por dos hombres armados.

Por razones de seguridad, los sospechosos fueron remitidos a una celda del Primer Batallón de Infantería, en el extremo suroeste de la capital hondureña.

La portavoz del tribunal hondureño señaló que el próximo viernes se celebrará una audiencia inicial en la que los detenidos comparecerán ante un juez de jurisdicción nacional.

La ambientalista y defensora de derechos humanos de la etnia lenca, madre de cuatro hijos, denunció en varias ocasiones que era amenazada de muerte, lo mismo que varios miembros de su familia, por su oposición a la construcción de hidroeléctricas en territorios indígenas.

La familia de Cáceres dijo que recibe “con sorpresa” la detención de los cuatro supuestos implicados en la muerte de la ambientalista, pero reiteró su petición a las autoridades de Honduras de que acepten la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se investigue su asesinato.

“Exigimos inmediatamente la participación de la comisión internacional, independiente de expertos para la investigación del asesinato de nuestra Berta”, indicaron los familiares de Cáceres en un comunicado difundido hoy por medios locales.

Señalan que debido a que la familia de Cáceres ha sido excluida del proceso de investigación, no tienen forma de calificar si las capturas son “producto de diligencias exhaustivas ni tampoco sabemos si estas comprenden la autoría intelectual en todos sus niveles”.

La hidroeléctrica Agua Zarca, por su parte, rechazó su participación en el crimen de Berta Cáceres y ve con sorpresa la detención de Sergio Rodríguez, quien es gerente en temas sociales y medioambientales de esa empresa.

“Hidroeléctrica Agua Zarca ratifica que bajo ningún concepto es responsable ni tiene vinculo material e intelectual con el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres”, precisa la empresa en un comunicado.

Berta Cáceres fue acusada en septiembre de 2013 de provocar daños a la empresa DESA, de capital hondureño y chino, compañía que pretende desarrollar la hidroeléctrica Agua Zarca en la comunidad de Río Blanco, departamento occidental de Intibucá, al que se oponía la ambientalista y defensora de derechos humanos.