Indígenas cuestionan el plan de las Fuerzas Armadas ante el narcoterrorismo en Perú

Lima, 28 may (EFE).- Los indígenas del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la principal cuenca cocalera de Perú, cuestionaron la estrategia de las fuerzas armadas desplegadas en esta zona a raíz de la masacre de esta semana a 16 personas, atribuida oficialmente a remanentes terroristas de Sendero Luminoso.

La Central Asháninka del Río Ene (CARE), asociación que reúne a 53 comunidades nativas, lamentó en un comunicado que, ante la creciente presencia del narcotráfico aliado con el terrorismo en la zona, las Fuerzas Armadas hayan optado por desactivar varios de sus comités de autodefensa.

En total, la CARE detalló que en este año han sido desmantelados 40 de estos grupos de civiles armados que colaboran con las Fuerzas Armadas en la vigilancia de zonas altamente sensibles y conflictivas como el VRAEM.

Seis de esos comités de autodefensa pertenecen a comunidades de la CARE que llevan décadas viviendo bajo estado de emergencia por la persistencia del narcotráfico, que ahora financia a los remanentes terroristas de Sendero Luminoso en la zona, que ejercen como sus protectores.

“CARE se pregunta si parte de la estrategia del Comando Conjunto para eliminar el narcotráfico es la desactivación de un actor principal en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”, señaló en el comunicado la mayor federación de asháninkas, la etnia de indígenas más numerosa en la Amazonía peruana.

HOMBRES ARMADOS Y CADÁVERES

En ese sentido, la CARE advirtió que en diversas ocasiones han denunciado la presencia de personas armadas en sus territorios y en la Reserva Comunal Asháninka, así como el hallazgo de cadáveres en ríos.

Sin embargo, lamentaron que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) les haya respondido que en sus comunidades no existen rutas ni de narcotraficantes ni de terroristas.

“Esto nos permite inferir que el servicio de inteligencia y la estrategia operacional del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no son eficientes ni efectivas, lo que ha facilitado el crecimiento del narcotráfico”, comentó la organización indígena.

“¿Por qué a pesar de transcurrir más de 14 años no se ha logrado eliminar a este grupo criminal? ¿Por qué se permitió que el narcotráfico crezca de manera abismal que ya está fuera de su control?”, añadió.

“MUCHAS DUDAS” SOBRE MASACRE

Sobre la matanza donde hombres armados masacraron a 16 personas en San Miguel del Ene, la CARE exigió a la Fiscalía y a la Policía Nacional “una exhaustiva investigación, sin politizar los hechos”.

“Conforme a la investigación hecha por CARE, este hecho nos genera muchas dudas y preguntas que deben ser aclaradas”, apuntó en relación con las distintas hipótesis lanzadas en mitad de la polarizada campaña electoral para la segunda vuelta de los comicios presidenciales, a celebrarse el 6 de junio.

Las demandas de los asháninkas del Ene sobre reorientar las estrategias del Estado contra el narcotráfico y el terrorismo e incluir en su combate contra la violencia a los propios indígenas fueron secundadas por el Centro de Culturas Indígenas del Perú (Chirapaq).

La activista indígena y presidenta de Chirapaq, Tarcila Rivera, recordó que en el VRAEM “todos sobreviven en un lugar en donde la violencia y el crimen prevalecen y en donde la Justicia y los derechos humanos no existen”.

LA GRAN FÁBRICA DE COCAÍNA DE PERÚ

El VRAEM es el último escenario activo del sanguinario conflicto armado interno (1980-2000) desatado en Perú por el grupo maoísta Sendero Luminoso y el marxista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que causó unos 69.000 muertos, según el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).

Una vez que la cúpula de Sendero Luminoso fue encarcelada, los restos de la organización en el VRAEM fueron asumidos por los hermanos Quispe Palomino, cuya actividad en esta frondosa selva montañosa de la vertiente oriental de los Andes se financia gracias al narcotráfico.

Del VRAEM sale aproximadamente el 70 % de las más de 400 toneladas de cocaína que anualmente exporta Perú al mundo, principalmente a Estados Unidos, Europa y Brasil.