Un influyente obispo de Nicaragua le recuerda al Gobierno que pudo evitar una “masacre”

El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua y uno de los personajes más influyentes de Nicaragua, Silvio Báez, recordó hoy que el Gobierno pudo evitar “la masacre” de cientos de personas, si hubiera escuchado sus palabras hace cinco meses.

Báez citó un tuit que él mismo posteó el 18 de abril pasado, y comentó que “en aquel momento el Gobierno pudo haber evitado la masacre contra la población, por la que todavía llora Nicaragua, y el desastre en el que todavía está sumido el país”.

Organizaciones humanitarias locales y extranjeras calculan que, desde abril pasado, entre 322 y 481 personas han muerto en protestas contra el presidente Daniel Ortega, quien reconoce 198 víctimas.

En su tuit original, Báez escribió: “Hago un llamado a Daniel Ortega y a su esposa (la vicepresidenta Rosario Murillo) para que detengan la violencia y la represión. ¡No pongan en peligro la paz del país! Sepan escuchar, dialoguen, tengan la madurez de rectificar tantos errores por el bien de Nicaragua. ¡Sean sensatos!”.

El 18 de abril, cuando Báez escribió el tuit de referencia, no se registraron muertos a causa de la represión en Nicaragua, pero en la semana siguiente los manifestantes informaron de al menos 23 víctimas mortales, la cantidad aumentó hasta convertirse en centenares.

En informes por separado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), responsabilizaron al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual.

En una entrevista con Efe en Managua, Ortega negó que haya sofocado las protestas con represión, dijo no sentirse responsable de las muertes en las calles durante los últimos meses y culpó a Estados Unidos y al narcotráfico de financiar, apoyar y armar a grupos violentos.

Las protestas contra Ortega y Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide su renuncia, después de 11 años de Gobierno, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.