“El acceso a la información no es tener un portal de open data con los sueldos de los diputados”

Madrid se convirtió hace poco, y solo por unos días, en capital mundial de la transparencia y la participación ciudadana como anfitriona de la XV Conferencia del Observatorio Internacional de Democracia Participativa organizada por el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP). Durante el transcurso de una insípida mesa de debate sobre “el redimensionamiento de la participación ciudadana y las nuevas tecnologías”, en la que más allá de la presentación del reformado portal de open data Datos.Madrid y la mención de alguna app de transporte público lanzada desde el consistorio, el debate quedó bastante despoblado de iniciativas tecnológicas o herramientas digitales de e-Government.

Entre los invitados a la mesa encontramos una voz algo más crítica. Dice que “un Gobierno con Twitter o Facebook no es un Gobierno abierto”, que “el acceso a la información no es tener un portal de Open Data con los sueldos de los diputados publicados” y que en esto del OpenGov “hay mucho marketing y fachada”. Se trata de Guzmán Garmendia, consultor tecnológico del sector público y exdirector general de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías del Gobierno Foral de Navarra. Desde ese cargo impulsó la puesta en marcha de la Ley Foral de la Transparencia y del Gobierno Abierto, uno de los marcos legales más innovadores del panorama nacional por aquel entonces, en un 2012 en el que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy remoloneaba aún para aprobar una ley estatal en materia de transparencia. Conversamos con este defensor a ultranza de la apertura “total” de datos públicos, que no duda en afirmar que “no se puede pretender la absoluta transparencia y luego querer la absoluta privacidad”.

En su opinión las leyes de transparencia vigentes en España no se adaptan a la realidad social actual, incluida la estatal que fue aprobada hace poco mas de un año. ¿Cuáles son las principales carencias en esta legislación?

A mí me preocupa muchísimo de la Ley de Transparencia estatal que no dependa del capítulo I de la Constitución, es decir, que no sea un derecho fundamental. Esta es la base de la que nace ya caduca la Ley de Transparencia española. Creo que debería tener un gran apartado sobre el acceso a la información, y es realmente en lo que está pobre toda la legislación del país. Ese capítulo, que además está muy vinculado al uso de las nuevas tecnologías, es el que nos sitúa en una posición de clara desventaja con respecto a otros gobiernos, como el de Nueva York, Boston, Filadelfia... ciudades cuyas leyes de transparencia ni siquiera se llaman de transparencia sino que son leyes de acceso a la información.

En España se han abierto numerosos portales donde se pone a disposición de los ciudadanos cierta información de carácter público.

El acceso a la información no es tener un portal de open data, no es tener los sueldos de los diputados y los consejeros publicados. Un espacio de acceso a la información dentro de una ley de transparencia es un espacio donde los ciudadanos pueden conversar con los gobiernos, donde los ciudadanos pueden preguntar lo que les dé la gana sin ninguna traba. Creo que eso es en lo que realmente cojean las leyes de transparencia.

Te pongo un ejemplo: el Gobierno de Navarra, cuando yo ya no estaba en el cargo, limitó el portal de acceso a la información, haciendo necesario el certificado digital; Navarra es la única comunidad donde no es obligatorio el certificado digital para hacer la declaración de la renta, de tal forma que casi nadie puede preguntar porque se necesita el certificado digital. El Gobierno pone una traba más en ese capítulo de acceso a la información que es el más importante. Estamos en un momento clave, en el que como no facilitemos todo a los ciudadanos no van a participar en la acción del Gobierno, que al fin y al cabo es la finalidad de la ley de transparencia.

En muchos portales de transparencia se requiere un registro digital o la aportación de datos personales para solicitar determinados documentos. El hecho de que no estén directamente disponibles y accesibles de forma anónima, ¿también se considera una traba más o son necesarios ciertos límites?

Nunca justificaré que se pidan datos personales ni que se solicite certificado digital para acceder a la información que pertenece a los ciudadanos. También hay que saber para qué se pide la información porque dar información a los ciudadanos cuesta dinero. Lo mejor sería que esto ya estuviese publicado y el ciudadano lo utilizara. Yo por lo que abogo es por menos pedir y más colocar, esto es, tener un portal de de datos abiertos real con absolutamente toda la información de todo lo que sea público. Que el ciudadano en lugar de tener que pedirla, le sea dada.

Y no se trata solo cuánto se cuelga sino cómo. El Gobierno presume de haber publicado 50 gigas de información, que no son pocos, pero en ocasiones esa documentación está en formatos que no permiten la reutilización de los datos, uno de los principios básicos del open data.

Un portal de datos abiertos tiene que tener unas características mínimas para ser considerado como tal, igual que si te compras un coche tiene que tener ruedas para andar. Un portal de open data sin datos reutilizables no sirve para nada. Primero, el portal de open data tiene que tener todos los datos, como ya hemos dicho, incluso ese albarán de la compra de semillas para sembrar los jardines de El Retiro. Pero no vale simplemente con escanearlo: hay que colgar datos de la empresa a la que se le ha comprado, cuánto ha costado, a razón de qué … Y ha de ser en un formato que sea legible por máquinas, para poder hacer comparativas entre distintos años, sacar estadísticas, baremos, conclusiones…

Uno de los casos más claros que hay en España se produjo hace unos años. Ante el total desconocimiento de la transparencia en España, el Ayuntamiento de Córdoba decidió hacer un portal de open data que se llevó todos los premios en España porque era el que más data sets tenía, 8.000 datasets. Pero todos los archivos eran PDF. Un portal que le costó al Ayuntamiento más de 350.000 euros. Es decir, un timo. [El portal OpenDataCordoba desapareció tan solo un año después de su puesta en marcha.] Lo mismo pasa con la Asamblea de Madrid, que publica los sueldos y nóminas de los parlamentarios madrileños en PDF, de nuevo no vale para nada porque sacar información de ahí es un trabajo monumental.

Por cierto, una Comunidad de Madrid que aparecía en el último puesto del ranking de tranparencia por comunidades autónomas elaborado en 2014 por la ONG Transparencia Internacional.

Yo no me creería mucho los índices de transparencia porque responden simplemente a unas hojas de cumplimiento de los funcionarios, es decir, si se ha publicado el CV de los directores generales y consejeros, si hay un Twitter… Pero eso no está computando la realidad de la transparencia: la intención política. Creo que en estos momentos el estudio está demodé. Si nos fijamos en los índices de transparencia de los ayuntamientos, en el ITA de 2014, en primera posición cumpliendo con el cien por cien de la transparencia encontramos 19 ayuntamientos, pero creo que unos son más transparentes que otros. Por poner un ejemplo: uno de esos, no voy a dar el nombre concreto, y que está entre esos 19 ayuntamientos de la lista de TI resulta que no permiten cámaras en sus plenos, tal y como recoge la plataforma grabatupleno.com. La grabación de plenos de los ayuntamientos es un básico de la ley de transparencia, pero hay ayuntamientos que echan a las cámaras de estos plenos; pero llega TI y dice que han alcanzado el grado sumo de la transparencia… Esto demuestra que este modelo de evaluación está totalmente agotado.

¿Qué parámetros considera usted más actualizados?

Para mí hay tres aspectos fundamentales: la implicación política previa, el presupuesto económico y puesta en marcha de recursos humanos, y luego dónde se sitúa en el organigrama del gobierno. Hay que ver si el partido político en su programa electoral tiene perfectamente enmarcada su política de transparencia, si es verdad que lo recogió en su programa o al llegar al gobierno la incorporó, que es lo que básicamente ocurre en la mayoría de los casos.

Por otra parte me parece fundamental ver de qué se ha dotado en cuanto a recursos humanos, en cuanto a recursos económicos porque esto vale dinero, se necesitan proyectos de open data, apertura de canales de comunicación con los ciudadanos, tanto físicos como digitales.

Y otro punto podría ser la creación de un departamento propio y también debería de puntuar de qué departamento depende la dirección del gobierno abierto y transparencia. Que desde luego esté al margen de la comunicación de un gobierno porque es un servicio de conversación con la ciudadanía, no un instrumento de marketing político.

Los políticos utilizan cada vez más redes sociales como Facebook o Twitter como medio de comunicación. ¿Es suficiente para considerar que las nuevas tecnologías han llegado a los gobiernos? ¿Es esto e-Government?e-Government

Un Gobierno con Twitter o Facebook no es un Gobierno abierto, es un Gobierno tuitero o facebookero pero no un Gobierno abierto. Hay muchas herramientas entre las que se encuentran estas, pero un Gobierno para ser abierto tiene que fomentar el diálogo con los ciudadanos y eso a día de hoy en España es ciencia ficción. Para ser un Gobierno abierto se tiene que escuchar a la ciudadanía de forma activa, componente que no están utilizando los partidos políticos a nivel interno más para beneficiarse políticamente.

Los gobiernos deberían escrutar las redes sociales, los foros, los blogs, los comentarios de los periódicos de forma automática, analizarlos diariamente y diagnosticar cuáles son las necesidades, quejas, sugerencias o halagos de sus ciudadanos. Es decir, acudir a otros espacios donde estén hablando de ti sin necesariamente dirigirse a ti. Ese creo que sería un paso importante a dar, y por supuesto, que toda esa información que se extraiga de las tendencias de los ciudadanos se haga reutilizable, como datos abiertos, para que también empresarios, estudiantes o los propios ciudadanos se puedan beneficiar. En fin datos para todos.

Usted defiende un modelo en el que los datos abiertos sirvan no solo como fuente de información para el ciudadano sino que pueden ser aprovechados para el emprendimiento empresarial.

Mi visión es que la obligación de los gobiernos es mostrar la máxima cantidad de datos, que estos datos sean reutilizales y dejarlos ahí. Creo que los gobiernos no tienen que dar el último paso de hacer uso de esos datos, porque si el último paso lo dan los gobiernos u organismos públicos, al final los van a interpretar como les da la gana. Los datos deben estar brutos, y hasta ahí la labor de los gobiernos. A partir de ahí es la iniciativa personal o privada la que desarrolle las webs, aplicaciones móviles.

Una obligación pero parece que sigue perdurando en política esa vieja convicción de que 'para preservar el poder he de proteger la información'. Y muchos políticos interpretan la transparencia y el acceso a la información como mecanismos de control directo sobre ellos en lugar de un canal bidireccional de contacto directo con la ciudadanía.

Se ha hablado mucho de Gobierno abierto cuando no es Gobierno abierto; y creo que el término está empezando a morir antes de nacer, como se murió la palabra couching con tanto gurú. Un político que considera que el conversar más con los ciudadanos significa estar más sometido a su vigilancia no ha entendido absolutamente nada. No ha entendido que el dinero que cobra es de los ciudadanos, que hasta el último euro que gasta es de los ciudadanos… Y eso el ciudadano lo tiene que saber.

Los ciudadanos ven las Asambleas y el Congreso como lugares inaccesibles, auténticas fortalezas rodeadas de policía, donde el ciudadano ve muy difícil entrar físicamente. Pero es que incluso digitalmente, conversar con nuestros diputados parece casi un privilegio, y en ese aspecto queda mucho por trabajar.

Aquello que le gusta tanto decir de 'ponerle alma' a esto del Gobierno abierto…

Ponerle alma es ponerle compromiso político desde las altas esferas, es decir, el presidente y los consejeros de las comunidades realmente tiene que creerse que están al servicio de los ciudadanos. Y creo que lo que realmente falta es intencionalidad política no marketiniana. Intencionalidad política es crear un capítulo en el programa electoral en el que ponga que habrá una acción de big data para analizar la totalidad de los datos que hay dentro y fuera de la Administración para tratar de sacar tendencias en cuanto a necesidades de los ciudadanos, y que se va a mantener a la escucha y en conversación con los ciudadanos en cualquier ámbito tanto digital como físico.

Teniendo en cuenta ese patente distanciamiento entre ciudadanos y administración que comenta, ¿podemos decir que está la ciudadanía realmente preparada para participar activamente en la toma de decisiones, más allá de esa cita con las urnas cada cuatro años?

No estamos preparados para nada y va para largo. Ahora mismo contamos con el componente cultural del halago al político, como si estuviese por encima de nosotros. Eso hay que cambiarlo y verle de tú a tú. Es una cuestión de educación, incluso en los colegios los niños tienen que empezar a entender que la administración está a disposición de ellos y no ellos al servicio de la Administración. Y el primer capítulo a abordar es el de la cesión de los datos; el ciudadano es parte de la administración y como tal ha de tener absolutamente toda la información para tomar decisiones. Por ahora no dispone de esa información ni de lejos.

Cuando habla del uso de datos recopilados por la administración y utilizados por terceros con fines empresariales, es inevitable pensar en las prácticas de gobiernos y agencias de seguridad en distintos países, no solo con fines gubernamentales sino para luego ser vendidos a corporaciones empresariales. Ese gran negocio de los metadatos del que todo el mundo habla.

Es un tema complicado. Sí creo que en España tenemos que ser más abiertos en cuanto a la cesión de datos y me posiciono en contra de la LOPD porque nos coarta en muchos aspectos y nos posiciona en desventaja con respecto a otros países, en creatividad tecnológica e iniciativa empresarial. Pero vivimos ya en 1984 y los ciudadanos nos tenemos que acostumbrar un poco más al strip-tease personal. No podemos pretender la absoluta transparencia y luego querer la absoluta privacidad.