El informe sobre la tortura en Euskadi identifica 4.009 casos desde 1960

El informe sobre la incidencia de la tortura en el País Vasco entre 1960 y 2013 elaborado por el Instituto Vasco de Criminología (IVC) ha identificado 4.009 personas que han sufrido estas prácticas, aunque calcula que el número puede ascender a 4.810 porque algunas de ellas han dado cuenta de más de un episodio.

Esta es la principal conclusión del informe encargado en 2014 por el Gobierno Vasco al equipo del IVC liderado por el forense Francisco Etxeberria y en el que han trabajado tres médicos, un jurista y 40 investigadores.

El documento ha sido presentado hoy por Etxeberria y por el secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, y será analizado en el congreso “Verdad y reconocimiento para las víctimas de la tortura, tratos inhumanos y degradantes” que se celebra dentro de los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU).

De las 4.009 denuncias estudiadas, el 83 % de los casos corresponden a hombres y en un 17 % de las ocasiones han denunciado torturas en más de una ocasión.

De ese total, 3.577 han sido insertados en la base de datos del estudio y 2.000 han sido estudiados con mayor profundidad, ha explicado.

En el periodo analizado se han producido nueve sentencias condenatorias para la Policía Nacional y doce para la Guardia Civil, que se han traducido en 50 funcionarios condenados por hechos cometidos a 32 personas (4 mujeres y 28 hombres) detenidos entre los años 1979 y 1992.

Sobre la presunta autoría de los hechos, la Guardia Civil acapara un total de 1.589 denuncias, la Policía Nacional 1.561, la Ertzaintza 310, las Policías Municipales 4, los funcionarios de prisiones 19 y otros autores, 39.

Una de las conclusiones del estudio incide en que el 5 % de los casos analizados presentan secuelas psicológicas, por lo que recomiendan la puesta en marcha de “medidas asistenciales específicas y especializadas para estas personas”.

El mayor número de denuncias se registró en 1975, con 265, y durante los años 80, cuando se registraron también las primeras condenas de los tribunales de justicia ratificadas por el Tribunal Supremo.

La “buena noticia”, ha señalado Etxeberria, es que se ha constatado un descenso de denuncias a partir de 2004 y no existe ningún caso en 2015 y 2016.

El estudio cuenta con 900 testimonios recogidos en audio y vídeo y ha analizado 22.000 documentos.

Etxeberria ha subrayado que “si no se reconoce la realidad” analizada en el estudio es “imposible introducir un factor de mejora en la gestión” y ha insistido en que, aunque pueda ser objeto de crítica, ésta debe realizarse desde un punto de vista “técnico y científico” porque de lo contrario “constituiría un insulto”.

Preguntado por la labor de los forenses, Etxeberria ha señalado que “no han estado a la altura de las circunstancias, más unos que otros, y particularmente los médicos de la Audiencia Nacional” y ha indicado que es “increíble que si existe un protocolo” desde 1997 para el reconocimiento médico forense a los detenidos “no se haya cumplido”.