El 53 % de las iniciativas ante el Consejo de Transparencia son reclamaciones

El Consejo de Transparencia ha tramitado desde el inicio de su actividad -en enero de 2015- hasta hoy 1.441 iniciativas ciudadanas, de las que 766 (53,2 %) son reclamaciones; 427 (30 %), informaciones al ciudadano; 164 (11,5), consultas sobre la aplicación de la ley y 50 (3,5), denuncias por su incumplimiento.

Según este organismo, el Portal de la Transparencia ha colgado en este período más de un millón de datos y ha registrado 4.880.103 visitas.

La Administración General del Estado ha recibido 4.569 solicitudes de información y las 766 reclamaciones de los ciudadanos ante el Consejo de Transparencia representan un 16,8 % de las solicitudes presentadas.

El Consejo de Transparencia tramita las reclamaciones de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, Asturias, La Rioja, Extremadura, Cantabria y Ceuta y Melilla, que pueden afectar a las administraciones públicas de esas autonomías o a sus entidades locales.

Añade que, por ello, suma a las reclamaciones de la Administración General del Estado las que presentan los ciudadanos de estos territorios sobre sus administraciones públicas, que afectan a 5.275.496 ciudadanos y 1.661 municipios, 260 mancomunidades y 630 entidades locales menores.

Entre las reclamaciones estimadas en 2016 que dan la razón a los ciudadanos, destacan las que se refieren a obras en carreteras del Estado, operaciones de cambio de sexo de internos penitenciarios, interrupción de embarazo de internas, presos indultados, medidas en materia de violencia de género, datos sobre agendas de ministros, concesiones de autopistas de peaje, beneficiarios de becas o inauguraciones por miembros del Gobierno en la pasada legislatura.

Se han interpuesto también trece recursos contencioso-administrativos frente a resoluciones del Consejo de Transparencia, la mayoría presentados por organismos públicos.

Al estar representados los organismos públicos que recurren las resoluciones por la Abogacía del Estado y existir un conflicto de intereses, el Consejo de Transparencia se ve obligado a acudir a la abogacía privada.

Los recursos planteados ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo de Madrid representan el 1,7 % de todas las reclamaciones.