La fiscal general ve inquietante la tendencia a privatizar servicios públicos

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha manifestado hoy su inquietud por la tendencia de las administraciones a ceder servicios públicos a manos privadas y ha advertido que es un proceso que “aumenta la amenaza” de la corrupción.

Consuelo Madrigal ha pronunciado estas palabras durante el discurso inaugural de la Conferencia Internacional “Integrity & Compliance”, organizada por Ernst&Young, en la que se ha abordado la responsabilidad empresarial en los delitos relacionados con la corrupción.

La fiscal general ha comentado que aunque en un corto plazo las empresas pueden obtener algún tipo de beneficio con prácticas fraudulentas en uno medio o largo plazo se revelan insostenibles y ha puesto el ejemplo del caso de Volkswagen a raíz de la manipulación del software de motores para modificar los datos de emisiones.

Ha insistido en que estas prácticas “pueden acabar con la marca”, dañar a todo un sector e incluso comprometer la credibilidad de un país.

Para Consuelo Madrigal “vale la pena elevar el tono ético de las empresas” ya que “genera oportunidades económicas y permite abrir nuevos mercados y alianzas con otras organizaciones”.

En este sentido ha recordado que la última reforma del Código Penal, aprobada el año pasado, introduce la existencia en la empresa de un programa de organización y gestión que prevea el riesgo de delito (compliance) como un elemento que puede eximir de responsabilidad a la compañía por actuaciones de sus empleados o directivos.

Ha explicado que la interpretación de esta nueva normativa ha abierto un debate incluso en el seno del Tribunal Supremo que aún no está completamente cerrado pero ha recordado que la Fiscalía no da por buenos para ello programas tipo que puedan servir indistintamente para una u otra empresa sea de un sector o de otro.

“No se trata de que sean programas solo para eludir la responsabilidad sino que deben elevar el tono ético de la corporación mejorando sus pautas y su cultura de comportamiento”, ha apostillado.

Por otra parte, ha abogado por un nuevo modelo procesal en España, al modo anglosajón, que sea más ágil, que deje la instrucción a los fiscales y que permita solucionar casos con acuerdos y declaraciones de culpabilidad que eviten la celebración de juicios.

A juicio de la fiscal general el actual modelo procesal penal español es insuficiente y no responde a las necesidades actuales y ha explicado que en el mundo anglosajón muchos casos se solucionan con convenios y declaraciones de culpabilidad.

En el ámbito de la responsabilidad de las empresas ante delitos cometidos por directivos y empleados de la compañía ha dicho que esto permitiría que no se tuviera que buscar pruebas de la existencia del programa de organización y gestión y se evitaría el daño para la reputación de la compañía afectada que puede suponer someterse a un juicio.

De esta forma Madrigal aboga por que este tipo de modelo se pueda aplicar no solo para los delitos leves como en la legislación vigente sino que se extienda a todos los casos, incluidos los de corrupción pública y privada.

Para ello ve necesario articular un proceso penal que se centre en el juicio y que la instrucción sea una fase más ligera y dinámica que dejen de llevarla los jueces y pase a los fiscales.