El juez interroga desde mañana a ocho imputados por su relación con la red de corrupción Madeja

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata interrogará desde mañana, miércoles, como imputados a ocho funcionarios y directivos de empresas que presuntamente formaban parte de la red de corrupción desarticulada con el 'caso Madeja', que pagó 4,3 millones de euros en sobornos entre 1995 y 2013 para hacerse con adjudicaciones en 14 administraciones públicas, entre ellas el Ministerio de Fomento, las Juntas de Andalucía y Extremadura, el Gobierno de Canarias o el Ayuntamiento de Sevilla.

Así consta en un auto en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ordena las primeras diligencias practicadas en la Audiencia Nacional en relación con esta investigación, que asumió el pasado 8 de septiembre después de que la antigua titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla Mercedes Alaya se inhibiera de la causa. En total, están imputadas 96 personas.

Este miércoles comparecerán Javier Isidoro Gómez Garcimartín, funcionario del Ayuntamiento de Sevilla; José Ulises Pérez González, ingeniero del Cabildo de Las Palmas; José María Maya Cáceres, jefe de Carreteras del Gobierno de Canarias; Rubén Coba Falcón, gerente en Canarias de la empresa API Movilidad, dedicada al mantenimiento de carreteras; y Gustavo Adolfo Gómez Jiménez, delegado en Canarias de la empresa Elsamex, subcontrata de la empresa Fitonovo, situada en el epicentro de la trama corrupta.

Al día siguiente será el turno de Francisco Javier Amieva Rodríguez, administrador de la mercantil Klevin, dedicada al control de plagas urbanas y que realizó trabajos en la agrupación socialista de La Macarena (Sevilla); Juan Francisco Naranjo Naranjo, apoderado de Suministros Agrícolas Naranjo; y Fernando Rodríguez Blanco, administrador de Reyes y Donlas. Estas dos últimas sociedades, según la investigación, facilitaron facturas falsas a Fitonovo a cambio de trabajos inexistentes.

“ORGANIZACIÓN CRIMINAL”

La red estaba encanbezada por el director de Fitonovo hasta 2011, Rafael González Palomo; su hijo, José Antonio González Baró, que asumió el cargo a partir de esa fecha; el adjunto de ambos, Ángel Manuel Macedo; y el director comercial Juan Andrés Brugueras. Los cuatro constituyeron “una organización criminal” dedicada a conseguir adjudicaciones a cambio del reparto de “dádivas” en forma de dinero y regalos como móviles, caballos, ordenadores, coches, viajes o la reforma de viviendas.

Entre los cargos públicos imputados se encuentran varios antiguos cargos del Ayuntamiento de Sevilla como el dirigente de Izquierda Unida (IU) Antonio Miguel Ruiz Carmona, que habría recibido 155.000 euros para la formación --70.000 de ellos en una caja de zapatos-- a cambio de la instalación de césped artificial en once campos de fútbol en la ciudad. También están imputados los exportavoces municipales de la coalición en la ciudad Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García.

También se investiga al exconcejal de Vía Pública de la capital hispalense Manuel Gómez Lobo (PSOE), que pidió como compensación a una adjudicación la remodelación de la sede del partido en el distrito de La Macarena; a los exalcaldes de Algeciras (Cádiz) Tomás Herrera y Diego Tomás Sánchez, también socialistas, y al teniente de alcalde de La Carolina (Jaén) Cristóbal Pérez Martínez (PP).

Los funcionarios imputados trabajaban en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Fomento en Jaén, Huelva y Cádiz, la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, la Jefatura de Conservación de Carreteras de la Junta de Extremadura, las Diputaciones Provinciales de Sevilla, Córdoba y Jaén, el Gobierno de Canarias, los Cabildos de Lanzarote y Las Palmas, los Ayuntamientos de Sevilla, Algeciras y La Carolina, y las Gerencias de ADIF en Sevilla, Córdoba, Linares-Baeza, Valencia, Madrid, Zaragoza y Barcelona.

Los hechos serían constitutivos indiciariamente de los delitos de cohecho, fraudes y exacciones ilegales, corrupción entre particulares, asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y fraude a la Seguridad Social, así como prevaricación, malversación, maquinaciones para alterar el precio de las cosas, tráfico de influencias y falsedades documentales, con “carácter instrumental como medio para la comisión de otros delitos”.