El juez investiga a Rus y otras 11 personas por amañar el contrato de atención telefónica

El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga un supuesto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en el llamado caso Imelsa, ha investigado (antes imputado) al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y a otras 11 personas por amañar el contrato del servicio de atención telefónica.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juez ha abierto tres nuevas piezas separadas y ha acordado prorrogar el secreto de sumario sobre dos de ellas y sobre la pieza principal en tanto que aún no se ha concluido el volcado del material informático intervenido por la Guardia Civil en los distintos registros.

En concreto, el magistrado ha resuelto desgajar de la parte central de las diligencias los hechos relacionados con el servicio de atención multicanal a los contribuyentes, el denominado call center, que la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación, adjudicó a Servimun, controlada por un familiar del exgerente de Imelsa Marcos Benavent.

De lo investigado hasta ahora, el instructor concluye que hay indicios de que tal adjudicación “pudo ser decidida” por el entonces presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, con la intención de favorecer al responsable de dicha empresa.

En ese proceso, señala el auto, actuó como “intermediario connivente” el suegro del entonces gerente de Imelsa, Marcos Benavent.

En esa nueva pieza están investigados (antes imputados) Rus, Benavent y otras diez personas, entre las que figuran el diputado provincial delegado de Empresas Públicas, el director del área jurídica de Imelsa, el jefe de sección de la oficina de gestión tributaria, el jefe de unidad de procesos masivos tributarios, el jefe de sección de evaluación y planificación, el director financiero de Imelsa y el jefe de servicio de gestión tributaria.

El titular de Instrucción 18 les imputa delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación pública, cohecho y falsedad documental.

A ocho de ellos se les tomará declaración los días 12 y 16 de septiembre y Rus comparecerá ante el juez este último día, según ha informado el TSJCV.

La investigación, según recoge el auto, apunta a que el expresidente de la Diputación habría contado con la “colaboración” del que fuera Jefe de Evaluación y Planificación de la Corporación Provincial para manipular el proceso de adjudicación “vulnerando el principio de imparcialidad que debe regir la contratación pública”.

En esta pieza separada se investigan también facturas pagadas por Imelsa derivadas de contratos accesorios suscritos con varias empresas.

Por otro lado, el juez ha acordado investigar también en una pieza separada las supuestas irregularidades en los contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia para la restauración del patrimonio histórico monumental y las adjudicaciones para la celebración de la XVII Mostra de Valencia en 2006.

Sobre la tercera pieza separada, el magistrado acuerda mantener el secreto “atendiendo a la naturaleza de los hechos”, han indicado las fuentes.

En la resolución, notificada hoy a las partes, el juez hace extensiva esta medida (la prórroga del secreto hasta el 14 de agosto) a la pieza principal para “no comprometer el resultado de la investigación que se está llevando a cabo mediante el análisis de la información recogida tanto en la documentación escrita como en los dispositivos informáticos intervenidos”.

En la misma resolución, el titular de Instrucción 18 avanza la posibilidad de que próximamente forme dos nuevas piezas separadas para investigar contrataciones de personal tanto en Imelsa como en Ciegsa, empresa pública dependiente de la Conselleria de Educación.

Tras estas decisiones del instructor, el Caso Imelsa se estructura en una pieza principal en la que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana y cinco piezas separadas: las tres constituidas ahora, una sobre blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia, recientemente ampliada al delito electoral, y otra por las contrataciones ficticias de trabajadores en Imelsa.