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La investigación destapa las cuentas ocultas del ‘caso Urdangarin’ en la recta final hacia la fianza millonaria

Alex Sánchez, propietario de la sociedad suiza Artic SA, niega que en el depósito bancario hubiera 143.000 euros del duque pero admite que ambos hicieron negocios en España

Diego Torres y su mujer abrieron a su nombre una cuenta en Luxemburgo en la que ocultaron 950.000 euros

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Urdangarin y la infanta Cristina acuden al hospital para visitar al rey

Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina. / Efe

El levantamiento del secreto del la investigación del caso Urdangarin relativa al desvío internacional de fondos ha deparado dos sorpresas cuando faltan seis días para que expire el plazo de alegaciones a la fianza de 8,18 millones que exige la Fiscalía. La primera sorpresa estriba en que Anticorrupción ya ha localizado e interrogado como testigo al propietario de la cuenta suiza presuntamente utilizada por el duque de Palma para cobrar 143.000 euros. Abierta a nombre de la suiza Artic SA y al parecer regularizada con la Hacienda española, su titularidad real constituía un misterio. Pero, según fuentes conocedoras del sumario, su propietario es el bróker Álex Sánchez Mollinger, que en 2006 llegó a gestionar previa adjudicación de la Generalitat catalana el Fondo Europeo para el Mediterráneo a través de Numa Capital. Numa trabajó con Aizoon SL, la sociedad cuyas participaciones comparten al 50% Urdangarin y su esposa, la infanta Cristina. Este diario no logró anoche localizar a Mollinger, quien niega que el duque de Palma se valiera de su cuenta como tapadera.

La segunda sorpresa viene ligada al antiguo socio de Urdangarin en la trama empresarial urdida en torno a Instituto Nóos: porque, según fuentes del caso, fueron Diego Torres y su esposa, Ana Tejeiro, los que a su nombre y sin testaferros abrieron en una sucursal luxemburguesa de Credit Suisse el depósito bancario ahora bloqueado y en el que ocultaron nada menos que 950.000 euros. Lo hicieron tras vaciar a finales de 2009 una primera cuenta tratando de borrar pistas en un momento en que la investigación que dio origen al caso Urdangarin avanzaba en plena ebullición.

En resumen, la situación que dibuja la investigación internacional se presenta dispar para los dos principales imputados del caso: el bróker Mollinger niega que parte del dinero de la cuenta suiza de Artic SA perteneciera a  Urdangarin. Y su versión, aun si los investigadores la creen poco verosímil, podría prosperar llegado el momento del juicio: sobre todo, si Suiza, santuario tradicional de evasores fiscales, persiste en no colaborar con el juez. En cambio, Diego Torres tiene ante sí un horizonte negro por la contundencia de las pruebas localizadas en Luxemburgo, que sí ha atendido la solicitud de cooperación judicial. También ha desvelado datos Andorra, donde Torres había ingresado en metálico más de 300.000 euros que finalmente mudó a Luxemburgo.

En el año largo que ya ha transcurrido desde el inicio de la investigación, Torres ha amagado en varias ocasiones con tirar de la manta. ¿Romperá su silencio tras las nuevas revelaciones del sumario o aceptará las cosas de forma pacífica? La respuesta es, todavía, una incógnita. Pero distintas fuentes relacionadas con el caso dan por hecho que el antiguo profesor y amigo de Urdangarin posee munición de mayor alcance que los correos electrónicos entregados al juez en primavera y que rozaban la figura de la infanta y del propio rey.

Para Urdangarin, el futuro tampoco se presenta brillante. Pero el yerno del rey cuenta con una red protectora  en lo que concierne al borrón de Suiza, de escasa relevancia a efectos penales –lo evadido no alcanzaría el mínimo anual defraudado a partir del cual hay delito fiscal- pero demoledor para su imagen. En esa red protectora, Urdangarin cuenta con una incondional: Julita Cuquerella,  secretaria del duque de Palma durante sus casi seis años en Telefónica, la misma que echó balones fuera cuando la interrogaron sobre por qué el aristócrata le había dado un número de cuenta en Suiza con instrucciones . Y esa misma red permanece, al menos por el momento, el bróker Mollinger, cuyo depósito abierto a nombre de Artic SA en la entidad Julius Baer aparece en la pirámide de cuentas helvéticas a las que una filial de Aguas de Valencia, Agval, transfirió 375.000 euros entre 208 y 2009 por supuestos servicios para un proyecto en Jordania y cuya prestación niega Urdangarin.

En la base de la pirámide bancaria suiza del caso Nóos se sitúa el intermediario Robert Cockx, que prestó su cuenta de la sociedad Alternative General Services para que Agval transfierese 375.000 euros. Cockx se cobró su comisión del 5% y reenvió el resto del dinero a una segunda cuenta, que hizo una segunda transferencia: de nuevo, a la cuenta de Cockx y esta vez por importe inferior a 80.000 euros: el propietario de Alternative General volvió a cobrarse una comisión y utilizó el resto para pagar a un abogado. Mientras, el grueso del dinero seguía en la segunda cuenta: desde allí, 143.000 euros viajaron hacia el tercer depósito, el del bróker Mollinger y Artic SA, quien, según fuentes del caso, asegura que los empleó para el negocio eólico de un amigo de Urdangarin: José María Treviño, justamente el que acudió con el duque de Palma y otros comensales al almuerzo donde la empresa Agval encargó gestiones internacionales para un faraónico y fracasado proyecto hidráulico en Jordania.

La mayor parte del dinero oculto en el extranjero tenía su origen último en el Instituto Nóos, la pretendida ONG capitaneada por Urdangarin y Torres que entre 2003 y 2007 obtuvo seis millones de euros públicos en Valencia y Baleares.  El tándem que subió a la cresta de la ola organizando carísimas jornadas turístico-deportivas se arriesga ahora a penas de cárcel. Salvo viraje drástico, el caso llegará a juicio por cuatro delitos: malversación, prevaricación, falsedad  documental y fraude a la administración. En previsión de que una eventual condena obligase al duque y su antiguo socio a devolver el dinero público recibido por Instituto Nóos, Anticorrupción ha optado por una medida drástica: solicitar una fianza civil de 8,18 millones que ambos imputados deberán afrontar de forma solidaria. Esa cifra equivale al total de los fondos públicos recibidos más un tercio, el que la ley obliga a añadir en las fianzas civiles.

Los pingües ingresos públicos de Instituto Nóos se desviaron a través de una red empresarial controlada por Urdangarin y Torres y, también, mediante otra pretendida ONG, la última del entramado: Fundación DCIS, dedicada formalmente a la lucha contra la exclusión social. Un empresario amigo de Urdangarin que puso fondos para constituir DCIS y que inicialmente sostuvo que el dinero aportado era suyo ha pedido declarar ante el juez. No se sabe aún si con ánimo de rectificar su versión original.

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