Los investigadores dicen que la lucha contra la corrupción mejoraría con más ágil acceso a datos

Hace un mes la Guardia Civil destapó una trama de corrupción en la Operación Púnica, que necesitó años de pesquisas. Ningún organismo puso trabas al trabajo de los agentes que, no obstante, creen que con más medios y un acceso más ágil a los datos económicos de los investigados mejoraría la lucha contra estos delitos.

Asociaciones de guardias civiles como AUGC o Aprog han denunciado recientemente que los grupos de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado están “desbordados” y sus agentes están dando cada día “el doble de capacidad de sí mismos”.

Desde hace tiempo la corrupción ocupa uno de los primeros puestos en las preocupaciones de los ciudadanos, según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas. Y en paralelo a ello, las fuerzas de seguridad también han incrementado sus operaciones contra los delitos económicos y contra la administración.

Para llevarlas a cabo, explican a Efe responsables de la UCO, los agentes tienen que apoyarse en organismos públicos como la Agencia Tributaria, la Intervención General del Estado o la Tesorería de la Seguridad Social.

Y aunque estas entidades colaboran con las fuerzas de seguridad, un acceso mas ágil a sus bases de datos permitiría ganar en celeridad en unas investigaciones que, en general, son largas y costosas, como subrayan a responsables la Guardia Civil.

La creación de una especie de “oficinas de enlace” con esos órganos podría ser una solución para vencer una de las principales dificultades con las que se enfrentan los agentes y ganar tiempo, según reconocen ellos mismos.

Ha mejorado mucho, precisan, la colaboración de las entidades bancarias y de los denominados paraísos fiscales. De hecho, algunas de las investigaciones se han iniciado por las informaciones aportadas por alguna sucursal o por algunos de esos países.

Sin embargo, señalan mandos del Grupo de Delitos Económicos, en ocasiones la información de los bancos tarda en llegar entre 3 y 5 meses. Además, si la investigación se retrotrae a muchos años atrás, los bancos no mantienen los datos de ese momento y la reconstrucción de los hechos es más difícil.

Fundamental es también la relación con los países a los que va a parar el dinero. Y en este aspecto se ha producido un avance importante porque “ya no son tan opacos”.

Tanto es así, que la reciente Operación Púnica se inició por una comisión rogatoria de Suiza a España pidiendo información sobre unos movimientos bancarios de capital, y la denominada Angora de venta de material policial a Angola tuvo su origen en una comunicación de Luxemburgo.

Unas buenas relaciones necesarias para seguir el rastro del dinero en un “patrón” que, según constatan los investigadores, se repite: Suiza, Hong Kong, algún país de Oriente Medio (Jordania o Líbano) e incluso alguno de África.

Luchar contra la delincuencia económica y contra la corrupción requiere técnicas de investigación de crimen organizado, porque al final, como se ha demostrado en las dos últimas operaciones importantes de la UCO -la Púnica y la Enredadera- son entramados criminales organizados. Y así lo han visto los jueces de ambos casos.

Tramas en la mayoría de los casos con estructuras económicas complejas y dobladas, sociedades pantalla o tapaderas y testaferros a los que se les hacen contratos millonarios para sacar los activos fuera de España, que caen en dos años y que al cabo de un tiempo vuelven a la organización.

Sólo con técnicas policiales se pueden atacar estas prácticas, por lo que los investigadores consideran que debe invertirse más en medios personales y materiales para las unidades especializadas, toda vez que la lucha contra esta delincuencia forma parte ya de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Porque, como dicen los agentes, son delincuentes que “con su invisibilidad hacen daño a toda la sociedad”, que cada vez es más consciente de que esos fraudes millonarios suponen una merma de recursos o prestaciones a cada uno de lo españoles.

Además, estas organizaciones pueden llegar a acaparar algunos mercados, como en el área de los hidrocarburos, con el consiguiente menoscabo para el resto del sector, que, en un “efecto cascada”, se suma a esas prácticas delictivas para poder competir.

Son investigaciones difíciles que superan muchas veces los cien imputados, a los que hay que hacer seguimientos, escuchas telefónicas, interceptación de correos electrónicos... y que no terminan con las detenciones.

Como dicen los mandos de la Guardia Civil, después quedan muchas cosas por hacer, como nuevos informes solicitados por jueces y fiscales para contestar los recursos de los abogados, muy buenos en este tipo de delincuencia y que van buscando cualquier mínimo fallo en el procedimiento.

Tras meses o años de investigación y procedimiento judicial, al final acaban en la cárcel muy pocos de los imputados. Queden como queden penalmente estos casos, lo que sí se ha observado es que gracias a estas operaciones los procedimientos de las administraciones “se sanean”, se consigue mayor transparencia y se mejora la regulación de las normativas.