Las denuncias por la crisis del coronavirus desembocan en una maraña de decisiones judiciales contradictorias

Jueces y tribunales están adoptando decisiones discordantes ante las peticiones formuladas por los trabajadores que están en la primera línea de lucha contra el coronavirus para que los organismos públicos que les emplean les proporcionen elementos de protección. Mientras algunos magistrados han acordado exiguos plazos de 24 horas para proporcionar ese material, otros aluden al desabastecimiento mundial para denegar las peticiones o emplazarlas a cuando sea “posible”. En ocasiones, incluso, con reprimendas a los solicitantes por exigir un material que la situación de emergencia sanitaria evidencia que es imposible facilitar. 

Sindicatos y colectivos profesionales del ámbito de la salud, las fuerzas de seguridad y otros funcionarios están invocando en los tribunales la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para que se les proporcionen medidas de seguridad para hacer frente a la COVID-19. Especialmente, mascarillas, batas impermeables, gafas o guantes. Pero los jueces no se ponen de acuerdo, ni siquiera, en las medidas que se refieren a los sanitarios, sector que cuenta ya con 19.400 infectados desde el inicio de la pandemia. 

Por ejemplo, el Tribunal Supremo rechazó obligar al Ministerio de Sanidad a suministrar en 24 horas a todos los centros sanitarios de España equipos de protección al considerar que el departamento está desplegando “toda suerte de iniciativas” para abastecer de ese material. El Alto Tribunal consideró que no podía acceder a la petición de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), a la que pertenecen más de 50.000 facultativos, sin oír las alegaciones de la Abogacía del Estado. 

Pero este criterio no ha sido seguido por otros jueces que en las últimas semanas han dictado resoluciones discrepantes sobre esta cuestión. Este mismo martes una jueza de lo Social de Zamora reiteró que el requerimiento de material “no puede diferirse en el tiempo” al rechazar un recurso de la Consejería de Sanidad de Castilla y León al auto del 27 de marzo en el que le otorgaba un plazo de 24 horas para proveer al personal sanitario de equipos de protección adecuados contra el coronavirus.

Jueces de Zaragoza, León, Salamanca, Segovia, Ciudad Real, Toledo o Plasencia (Cáceres) han adoptado resoluciones en las que dan ese mismo plazo de 24 horas a las autoridades. En sus resoluciones insisten en que la única forma de que los profesionales trabajen en condiciones de seguridad y no se contagien es que cuenten que los medios de protección requeridos.

Otros jueces, sin embargo, rehuyen de poner plazos concretos e instan a entregar ese material a los sanitarios con carácter “urgente e inmediato”. Es el caso de Tribunal Superior de Justicia de la Catalunya (TSJC) y de jueces de Castellón, Valencia y Alicante. También de una jueza de Madrid que accedió a la petición de un sindicato médico de reclamar inmediatamente equipos de protección a la Comunidad de Madrid pero acabó suavizando la urgencia de su petición. En un auto posterior aclaró que se debía equipar a los sanitarios “una vez se cuente con la efectiva disponibilidad” de material. 

Sí ha habido resoluciones en la misma línea del Supremo en Cáceres, Badajoz o Valladolid. En esta última ciudad, un juez de lo Social rechazó la solicitud del Colegio de Enfermería para que la Junta de Castilla y León suministre equipos de protección a los sanitarios al considerar que no cabe adoptar esta medida sin escuchar antes las alegaciones de la Administración y sin que haya constancia de que la organización profesional solicitara previamente ese material a la consejería de Sanidad. 

Las peticiones de los policías 

Los sindicatos de fuerzas de seguridad han sido muy activos en la reclamación en los tribunales de este material de protección. Y también en este caso hay resoluciones discrepantes. La Audiencia Nacional desestimó en un auto hecho público este martes la petición del Sindicato Unificado de Policía (SUP) que exigía al Ministerio del Interior la distribución inmediata y urgente de test de detección y de material de protección ante el coronavirus. La Sala de lo Social sostiene que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska “no cesa en sus actuaciones para intentar conseguir los medios necesarios” y entregarlos a los agentes y subraya que el desabastecimiento “desborda” a “la Administración demandada e incluso al país”.

En la misma línea, aunque con una argumentación más dura, se expresó la semana pasada el juez de Madrid Antonio Seoane García ante una reclamación similar del sindicato policial SUP. “Es la inhumanidad de los corporativismos, creer que el Cuerpo al que uno pertenece merece más que los demás”, afirmó en un auto en el que criticaba que el sindicato acuda a los tribunales como “arma propagandística” a sabiendas de que el Gobierno no tiene el material que reclama.

Sin embargo, el TSJ de Catalunya sí aceptó la petición del sindicato USPAC y ordenó a la Conselleria de Interior proveer “con carácter urgente e inmediato” a todas las comisarías y centros de trabajo de los Mossos d'Esquadra de elementos de protección, así como proporcionar tests rápidos de detección de la enfermedad a todos los agentes que hayan tenido contacto con un caso positivo de coronavirus. 

Los jueces del TSJC matizan que son conscientes de la “escasez” de medios de protección, pero subrayan que ese órgano no es el competente para “resolver sobre la prioridad que las autoridades gubernativas han de dar a la distribución de equipos de protección” y recuerdan que la falta de estas medidas no solo afecta a la salud, la integridad física y la vida de sanitarios y policías sino de todos los ciudadanos.