El juez del Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y Aldama por el caso de las mascarillas

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha dictado un auto en el que cierra la investigación del caso mascarillas y propone juzgar al exministro José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y al empresario y comisionista Víctor de Aldama. La causa que el juez del Supremo ha enviado a juicio se sigue por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

Esta pieza es diferente a la que sigue instruyendo el magistrado por el amaño en las adjudicaciones de obra pública y en la que está investigado también Santos Cerdán, quien sustituyó a Ábalos en la Secretaría de Organización del PSOE y que está en prisión provisional por estos hechos desde junio.

La bautizada como 'operación Delorme', que dio origen a la instrucción en el Supremo, comenzó investigando si Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, cobró comisiones de contratos millonarios de venta de mascarillas a cambio de conectar a empresas de la trama con administraciones públicas. Los avances de la investigación permitieron descubrir que el propio Ábalos recibió contraprestaciones por las adjudicaciones a las empresas implicadas. Su aforamiento motivó que el caso acabara en el Tribunal Supremo.

Una de las empresas investigadas en la causa es Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, que entre 2020 y 2021 obtuvo un total de 12 adjudicaciones públicas que rozan los 53 millones de euros por la adquisición de material sanitario para hacer frente a la pandemia: mascarillas pero también agujas hipodérmicas y servicios de gestión para facilitar la entrada de todo en España. Algunos de estos contratos fueron pagados en parte con fondos europeos, lo que llevó a Anticorrupción a dar traslado a sus colegas de la Fiscalía Europea el verano pasado.

El juez deja claro que la investigación se asienta sobre las declaraciones del empresario imputado Víctor de Aldama, quien ha desplegado una serie de acusaciones en sede judicial y en constantes visitas a los medios de comunicaciones de las cuales se han desprendido indicios de veracidad, si bien en algunos casos no hay rastro de que sean ciertas.

Dice el juez Puente: “Debe dejarse sentado, ya desde ahora, que con relación a la mayor parte de los hechos justiciables que aparecen descritos en el ordinal anterior, –con excepción parcial de los referidos en la letra F y D– se ha tomado en cuenta lo sostenido a lo largo de la instrucción de esta causa por uno de los investigados en ella: el señor Aldama Delgado”.

Destaca Puente que las declaraciones de Aldama “en absoluto resultan autoexculpatorias”. “Muy al contrario, el señor de Aldama Delgado acepta de forma inequívoca que él mismo entregaba el dinero, tanto las cantidades periódicas como los premios relativos a concretas contrataciones al señor García Izaguirre para su posterior reparto con el señor Ábalos Meco, asumiendo su propia responsabilidad en los hechos”.

Añade el juez que las declaraciones han resultado “indiciariamente corroboradas por otros resultados de la investigación” y que los informes patrimoniales hechos a Ábalos y Koldo García, detectándose un incremento de ingresos en metálico en los investigados.

“Información previa y privilegiada”

El juez escribe en su auto: “Don Víctor Gonzalo de Aldama Delgado, aprovechando la relación personal que le unía con don José Luis Ábalos Meco y con don Koldo García Izaguirre, pudo haber obtenido información previa y privilegiada sobre las necesidades derivadas de la urgencia, lo que le habría permitido articular una oferta –con la aquiescencia de uno y otro y el compromiso de que los contratos le serían adjudicados– para asegurar la perfección del contrato de suministro en favor de la empresa cuyos intereses promovía, Soluciones de Gestión y Ayuda a las Empresas”.

Son ocho los contratos de mascarillas bajo sospecha. El de mayor cuantía lo adjudicó Puertos del Estado el 21 de marzo de 2020 por valor de 20 millones. Seis días después, el 27 de marzo, Adif firmó otro por valor de 12,5 millones. Ambos organismos dependen del Ministerio de Transportes que entonces dirigía José Luis Ábalos (PSOE). Con apenas un mes de distancia, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior firmó otro por valor de 3,5 millones. Además, el Servicio Canario de Salud le adjudicó otros cuatro por un valor total de 12,3 millones y el de Baleares un último de 3,7 millones. 

En total, una empresa sin experiencia en el mercado sanitario ni contactos anteriores con los fabricantes chinos tuvo unas ganancias de más de 16 millones de euros en apenas dos meses suministrando material sanitario a diferentes administraciones. Fueron contratos adjudicados por el procedimiento negociado sin publicidad y con carácter de urgencia, una modalidad que el Gobierno había aprobado ante la situación de extrema necesidad que imponía la pandemia. 

El auto del juez hace un repaso de toda la investigación, incluidos los indicios de soborno al que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y a su entonces asesor, Koldo García.

El juez menciona la difusión de una nota de prensa sobre el rescate a Air Europa que, según afirma el magistrado, “pudo promover” Ábalos por encargo de Aldama. Ábalos se habría mostrado “partidario y expresó el progreso de las gestiones para que Air Europa obtuviera la correspondiente financiación pública”.

Asegura el juez que Ábalos pudo obtener a cambio de la nota de prensa el “disfrute de un chalet vacacional en Marbella para sí mismo y para su familia durante varios días cuya renta era, para ese breve periodo, de 8.900 euros”. Sin embargo, fue la mujer de Koldo García (1.800 euros) y el propio asesor (8.000 euros) quienes abonaron la estancia. “El dinero empleado para hacer estos pagos procedería del propio señor Aldama o de la empresa cuyos intereses este representaba y habría sido entregado como gratificación a cambio de la publicación de dicha nota de prensa”.

Otras vacaciones de Ábalos aparecen igualmente en el auto. Se trata de la estancia en un chalet de La Línea de la Concepción por el que el exministro pagó 7.500 euros, el equivalente a dos mensualidades, la de julio y agosto, y del que hizo uso hasta noviembre de 2021. Cuando el empresario del que procedía el dinero, perteneciente al sector de hidrocarburos, no obtuvo la licencia que perseguía, le reclamó las rentas pendientes y se puso fin al contrato de arrendamiento de mutuo acuerdo.

El juez da por hecho que Ábalos y Koldo lograron que el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda se reuniera con Aldama para el aplazamiento de la deuda de una de sus empresas. Esa reunión, añade, “efectivamente se llevó a término” y consiguió el aplazamiento buscado.

Afirma el juez, por ejemplo que, “con el propósito de garantizar al señor Ábalos Meco el pago de las comisiones ilícitas que pudieran derivarse de las gestiones realizadas en favor de los intereses personales” de Aldama, este le alquiló un piso por 30.000 euros al año que Ábalos nunca pagó. El alquiler era con derecho a una compra por 750.000 euros, “muy inferior al [precio] real de mercado”. El magistrado reconoce que Ábalos nunca llegó a ocupar el inmueble.

Los empleos para mujeres del entorno de Ábalos

Aldama, relata el juez, habría asumido “ciertos gastos” como el alquiler de un piso para una pareja de Ábalos, Jessica Rodríguez. “Dichas rentas resultaron abonadas desde el principio por un socio del señor Aldama por orden de este (hasta un total de 82.248,40 euros) y, tras decidir el señor Aldama que se pusiera fin a dichos pagos, en el último tramo del alquiler las rentas se abonaron por Koldo García”.

Jessica Rodríguez aparece en otra contraprestación. Acusa a Ábalos de “desplegar su influencia como ministro” para que Rodríguez fuera contratada en dos empresas públicas sin que la mujer “hubiera de superar ninguna clase de proceso de selección relevante” y que, conocimiento de Ábalos y Koldo García, “no acudiera un solo día” a esos puestos de trabajo.

También menciona el auto la contratación de Claudia García Montes, una antigua miss Asturias para mayores de 30 años, con quien Ábalos y Koldo “mantenían alguna clase de relación personal previa”. García Montes tampoco acudió a su puesto de trabajo.

Añade el magistrado que Aldama obtuvo certificados de movilidad para él y sus sociedades a cambio de las prebendas a Koldo García y José Luis Ábalos.