El juicio de Gürtel pendiente de una nueva recusación

A dos semanas del comienzo de la vista por el caso Gürtel, el esperado arranque de este juicio fijado para el 4 de octubre se encuentra en manos de la decisión que adopte la Audiencia Nacional sobre la recusación planteada contra uno de los tres integrantes del tribunal, el magistrado José Ricardo de Prada.

Es la tercera recusación que debe afrontar la Audiencia Nacional por el caso Gürtel después de tener que sacar del tribunal a dos de sus miembros iniciales, los magistrados Enrique López y Concepción Espejel, por su aparente afinidad ideológica al PP, encausado en este proceso como partícipe a título lucrativo.

Las recusaciones de López y Espejel provocaron divisiones entre los magistrados, tensiones que ahora vuelven a aflorar y, mientras por un lado fuentes jurídicas consultadas por Efe aseguran que la de De Prada no va a prosperar por extemporánea, por otro creen que debe correr la misma suerte que las otras dos como consecuencia de haber puesto ya entonces “el listón muy bajo”, en especial en lo que se refiere a Espejel, apuntan.

Ahora lo que se alega por parte de uno de los acusados -el considerado número 2 de Gürtel Pablo Crespo- es la amistad del juez De Prada, de talante progresista, con el primer instructor de esta causa, el exjuez Baltasar Garzón, así como los vínculos de su hija Pilar Eirene de Prada con el abogado Gonzalo Boyé, que ejerce una de las acusaciones en este caso y que fue uno de los que recusó a López y Espejel.

Ante el importante despliegue de medios que supone la puesta en marcha del juicio de esta macrocausa de corrupción, la Audiencia Nacional está tratando de acortar al máximo los plazos de resolución de este nuevo incidente para evitar que afecte a la fecha de inicio del juicio, que está previsto comience el 4 de octubre.

Esta misma semana, posiblemente el viernes, el instructor que sea designado entre los miembros de la Sala de lo Penal para conocer de la recusación deberá decidir si hay base para aceptarla o, por el contrario, debe ser rechazada “ad limine” (de plano).

Para ello contará con las opiniones de las partes personadas (Fiscalía, defensas y acusaciones), a las que el viernes pasado la secretaria judicial de la sección segunda de lo Penal, a la que pertenece De Prada, dio tres días de plazo (hasta el miércoles a las dos de la tarde) para que manifiesten su adhesión u oposición a que el magistrado sea apartado y si existen otros motivos de recusación.

Una de las causas por las que la defensa de Pablo Crespo pide la recusación del magistrado De Prada es su buena relación con el primer instructor de la causa, Baltasar Garzón, a quien “arropó” cuando fue condenado por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación por autorizar escuchas de acusados en esta causa y sus abogados cuando estaban en prisión.

A ello añade la colaboración de la hija de De Prada en un libro con el abogado Gonzalo Boyé y apunta a que esa “relación de colaboración y afinidad ideológica de la hija del magistrado con el letrado de la acusación popular no es ajena al magistrado, de forma que afecta de manera evidente a la imparcialidad que debe presidir el presente procedimiento”.

Tras conocerse la recusación, el juez Garzón envió un comunicado en el que niega haber pagado “jamás honorario alguno” a De Prada por las conferencias que ha dado en la Fundación que él dirige, la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), y asegura que el magistrado de la Audiencia Nacional siempre ha participado pro bono (para el bien público) como “la mayoría de los expertos en Derechos Humanos” que han intervenido en conferencias y actos de la fundación.