La justicia anula la “desfuncionarización” del Ayuntamiento de Alcorcón
La justicia ha anulado el intento del Ayuntamiento de Alcorcón, gobernado por el PP, de quitar el estatus de funcionario a más de 500 trabajadores municipales. En una sentencia a la que ha tenido acceso eldiario.es, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid se ha pronunciado contra la decisión tomada por el alcalde, David Pérez, y le reprocha que haya actuado de manera “claramente desproporcionada”.
El 31 de julio de 2015, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcorcón acordó anular la relación de puestos de trabajo aprobada en 2011 por el alcalde socialista Enrique Castellana, cuando 620 trabajadores del Consistorio con contrato laboral pasaron a ser funcionarios poco antes de las elecciones. Cuando llegó al poder en 2011, el actual alcalde, David Pérez, puso en tela de juicio esos nombramientos.
El Ayuntamiento tomó la decisión de anular la “funcionarización” basándose en un informe del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid sobre 524 nombramientos. El informe declaraba “nulo de pleno derecho” el proceso de oposición y consideraba que solo se habían seguido los trámites legales en 20 casos. Así, el Consistorio decretó que los restantes 504 funcionarios dejarían de serlo.
“El PSOE convirtió el proceso en un coladero para que personas sin derecho a adquirir la condición de funcionario lo hicieran. Se les quiso blindar en un procedimiento que fue abusivo, salvaje e irregular”, declaró David Pérez cuando inició la “desfuncionarización”, como se denominó al proceso.
Sin embargo, la justicia los ha estudiado esos nombramiento y no ve nada irregular. Apunta que las leyes que rigen las administraciones locales apuntan a que “todos los puestos de trabajo de un Ayuntamiento se desempeñen por funcionarios”. “La inclusión como puestos de trabajo a desempeñar por funcionarios de los llamados puestos de oficios no es contraria a la Ley, sino más bien supone el fiel y estricto cumplimiento de la misma”, añade la sentencia.
“El personal laboral puede permanecer en dicha situación, pero si lo prefiere, puede también participar en procesos selectivos de acceso a la función pública”, recalca el texto. “Lo que no tiene sentido es que una Administración funcione con una mayoría de empleados en régimen distinto a la función pública” añade la sentencia, que desmonta los argumentos esgrimidos por el actual gobierno municipal.
Basándose en las leyes del Empleado Público, de Procedimiento Administrativo Común y de Régimen Local, el juez concluye que la decisión tomada por la anterior corporación no puede tacharse de “libérrima”, ya que “la legislación entiende que esa debe ser la finalidad y el camino a seguir por la administración local”.
La sentencia es tajante sobre la decisión del PP de revisar el nombramiento de los funcionarios. Según el texto, esa decisión “resulta claramente desproporcionada y no se justifica en la situación planteada”. 2La revisión de oficio es un remedio extraordinario, excepcional, que por tanto debe reservarse a las situaciones absolutamente incompatibles con el Derecho y con la justicia“, concluye el juez.
El fallo, contra el que cabe recurso, sólo afecta a los 83 trabajadores que recurrieron contra la decisión del Ayuntamiento, pero abre el camino a que el resto de los funcionarios afectados interpongan nuevos recursos.
Gana Alcorcón, que intentó que se anulase la revisión de las oposiciones, ha celebrado la sentencia. Su portavoz, Jesús Santos, ha dicho en un comunicado que David Pérez debería dimitir “como consecuencia de su desastrosa gestión política del municipio” y ha pedido a Ciudadanos que se replantee su apoyo al PP, que gobierna en minoría.
