La justicia chilena concede arresto domiciliario al principal policía acusado de la muerte de un indígena

Un tribunal chileno ordenó este viernes sustituir la prisión preventiva por el arresto domiciliario al principal policía acusado del asesinato en 2018 del comunero mapuche Camilo Catrillanca, un suceso que conmocionó a Chile y cuyo juicio se mantiene suspendido por la pandemia del coronavirus.

El Poder Judicial indicó en su cuenta de Twitter que la Corte de Apelaciones de Temuco, en el sur del país, le cambió la medida cautelar a Carlos Alarcón, el excarabinero (policía chileno) que presuntamente disparó la bala que acabó con la vida del comunero indígena.

Alarcón, que fue expulsado del cuerpo de seguridad, es uno de los ocho acusados en el caso -siete excarabineros y un abogado-, pero el único que permanecía hasta ahora en prisión preventiva.

La Fiscalía pide penas de hasta 15 años de cárcel contra los ocho acusados por homicidio consumado, homicidio frustrado, apremios ilegítimos y prevaricación, entre otros delitos.

La decisión de la corte en medio de la suspensión del juicio por la muerte de Catrillanca, que debía de haber comenzado el pasado noviembre pero se inició el 5 de marzo y cuya reanudación se espera para julio, cuando se estima que pase la pandemia del COVID-19.

Chile, que registró su primer caso el pasado 3 de marzo y ya acumula en Chile un total de 9.252 contagios y 116 muertes, se encuentra bajo el estado de excepción, con toque de queda desde las 22.00 horas, las clases suspendidas, las fronteras y los comercios que no sean de primera necesidad cerrados y varias ciudades en cuarentena.

Catrillanca, de 24 años, recibió un disparo en la nuca el 14 de noviembre de 2018 mientras se desplazaba junto a un menor en un tractor por la comunidad mapuche de Temucuicui, en la meridional región de La Araucanía.

Alarcón, el presunto autor del disparo, dijo en una primera declaración que habían sido emboscados y que el tractor se había cruzado en el tiroteo.

Unas imágenes emitidas por la prensa desmontaron su versión y evidenciaron un presunto complot oficial para proteger a los agentes, lo que le costó el cargo al entonces general director de Carabineros, Hermes Soto, y puso en la picota al entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, que declarará como testigo en el juicio.