La Justicia le da la razón a Ecuador sobre la validez del protocolo impuesto a Assange

La Justicia ecuatoriana ha dado la razón al Estado de Ecuador sobre la validez de un protocolo de convivencia que le fue impuesto al fundador de Wikileaks, Julian Assange, en su Embajada en Londres, contra el que el activista había interpuesto una acción de protección.

Así lo informó hoy la Cancillería ecuatoriana al precisar que el Tribunal Provincial de Pichincha, donde se encuentra Quito, ratificó este viernes “la validez legal de Protocolo Especial”.

Este fue “emitido por la Cancillería ecuatoriana en octubre pasado para regular la convivencia en la Embajada de Ecuador en Londres, a propósito de asilo diplomático otorgado al señor Julian Assange, quien está alojado por más del seis años y medio en esa oficina diplomática”, reza un comunicado del Ministerio de Exteriores.

Indica que al rechazar la apelación interpuesta por la defensa de Assange, la corte ecuatoriana consideró que la acción de protección de los abogados del asilado, “no procede en virtud de que no se ha violado ningún derecho constitucional”, como alegó la defensa.

“La decisión, adoptada en segunda y definitiva instancia por la Justicia ecuatoriana, pone una vez más de manifiesto que la actuación del Ministerio de Relaciones Exteriores al adoptar el Protocolo Especial se ha ceñido a la Constitución y las leyes del país, según corresponde”, subraya el escrito.

La Cancillería argumenta que el asilo que Ecuador otorgó a Assange es una prerrogativa soberana del país, a tenor de lo que establecen las convenciones interamericanas sobre asilo diplomático.

Y afirma que “el Estado ha cumplido con sus responsabilidades según dichas convenciones”, antes de mencionar un argumento económico al asegurar que “mantener a Assange en la Embajada le ha costado más de 6 millones de dólares al país”.

“El asilado también tiene obligaciones que cumplir y que deberá respetar escrupulosamente”, concluye.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera en el texto que todas las acciones del Estado ecuatoriano sobre el caso Assange “continuarán desarrollándose con apego al derecho internacional y a la legislación nacional, y que Ecuador solo tratará sustantivamente sobre el tema con las autoridades británicas y los abogados del asilado”.

Assange fue asilado por Ecuador en su Embajada en Londres en 2012, cuando ingresó bajo el argumento de que temía ser arrestado en suelo británico y deportado a EE.UU., donde podría ser juzgado por la publicación de documentos militares y diplomáticos clasificados.

La Justicia inglesa lo buscaba por haber violado una medida cautelar de arresto domiciliario en relación a un requerimiento de las autoridades suecas de 2010, a raíz de las acusaciones de dos mujeres por violación, que él niega, causa finalmente archivada en Suecia ante la imposibilidad de avance.

Ecuador ofreció este año al fundador de Wikileaks que cumpliera un protocolo que estipula normas de convivencia dentro de la Embajada, o que se entregue voluntariamente a la Justicia británica con ciertas garantías por parte de Reino Unido, como que no será extraditado a un país donde rige la pena de muerte.