La Justicia francesa dictará en mayo el fallo sobre el papel de Francia en la muerte de Jon Anza

La Justicia francesa dictará sentencia el 13 de mayo sobre la denuncia presentada por la familia de Jon Anza contra Francia por los fallos que rodearon la muerte del etarra, dijo hoy a EFE su abogada, Maritxu Paulus-Basurco, según la cual la Fiscalía ha visto una “falta grave” de Francia en el caso.

La audiencia de hoy en el Tribunal de Gran Instancia de París tenía como objetivo analizar esa demanda, en la que tres de los familiares reclaman 50.000 euros cada uno ante los supuestos fallos que rodearon el fallecimiento.

El etarra fue hallado el 29 de abril de 2009 en Toulouse en parada cardiorrespiratoria y, tras ser reanimado, fue ingresado en el Hospital de Purpan, donde murió el 11 de mayo, pero hasta marzo de 2010 no se informó de que en el depósito se intentaba identificar un cuerpo que podía pertenecer a Anza, lo que se confirmó días después.

A petición de la familia de Anza, la Fiscalía de Bayona abrió una información judicial el 18 de mayo de 2009 por “desaparición preocupante”, antes de que la banda terrorista ETA acusara dos días más tarde a la policía española de la desaparición de su militante.

Después de tres años de instrucción, la juez de Toulouse encargada del caso lo clasificó en 2013, no sin antes destacar las disfunciones administrativas existentes.

La familia denunció ante el Tribunal de Gran Instancia “la acumulación de fallos” en la investigación de la Policía Judicial de Bayona y la “ausencia de investigación” por parte de la Fiscalía y de los servicios policiales de Toulouse, detalló la abogada.

En esta audiencia, a la que acudieron familiares y allegados, el fiscal expresó que no hubo faltas en la investigación en Bayona, pero sí una “leve” por parte de la Fiscalía de Toulouse.

El fiscal, según Paulus-Basurco, estimó también que la comisaría de Toulouse cometió una “falta grave” al no retomar la investigación al cabo de un mes.

Ante ambos fallos, la Fiscalía avanzó hoy que puede haber “una falta grave” por parte del Estado, añadió la letrada, que se mostró satisfecha de que “se haya abierto el debate”.

El etarra fue detenido por primera vez en diciembre de 1982 por su pertenencia al comando “Lau Haizea” y pasó veinte años en prisión en España.

Tras su excarcelación se trasladó a la localidad francesa de Ahetze, donde residía desde finales de 2005 mientras trabajaba en una empresa de Hendaya.