La primera ley de Ayuso: una reforma controvertida tras 13 meses de gobierno

Madrid, 1 oct (EFE).- La reforma de la Ley del Suelo aprobada en la Asamblea de Madrid se ha convertido en la primera ley que ve la luz bajo el mandato de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que se estrena en el ámbito legislativo tras 13 meses de gobierno con un texto criticado por asociaciones, sindicatos y oposición.

En plena segunda ola del coronavirus, la primera actuación legislativa del Ejecutivo ha recaído en el área de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.

Se trata de la decimosexta modificación que experimenta la Ley del Suelo desde su promulgación en 2001, con Alberto Ruiz-Gallardón como presidente, y probablemente no será la última, dado que Ayuso ha manifestado su intención de abordar durante esta legislatura una reforma más amplia de la norma.

El principal objetivo de esta modificación es sustituir la mayoría de las licencias urbanísticas por declaraciones responsables, para así aligerar las trabas burocráticas a la construcción.

UN TARDÍO ESTRENO LEGISLATIVO

Ayuso ha tardado algo más de 13 meses en sacar adelante su primera ley, un hito que llega de manera tardía en comparación con sus predecesores en el cargo, si bien ha estado condicionada por carecer de una mayoría absoluta y por la pandemia del coronavirus, que paralizó durante tres meses la actividad legislativa en la Asamblea.

No era este, además, el primer proyecto de ley que Ayuso llevaba al Parlamento madrileño. En marzo presentó al Pleno una ley de deducciones impositivas, pero no salió adelante al prosperar una enmienda a la totalidad de Vox, que ahora ha registrado como propio ese mismo texto.

La anterior legislatura comenzó con la investidura como presidenta de Cristina Cifuentes, en junio de 2015 y antes de acabar el año habían sido aprobados cinco proyectos de ley, entre ellas la de Radio Televisión Madrid y la ley de presupuestos para el año 2016, además de otras dos leyes propuestas por los grupos parlamentarios.

En 2011, el tercer mandato de Esperanza Aguirre arrancó con tres proyectos de ley aprobados en su primer semestre de gobierno. En los seis primeros meses de la legislatura previa (2007-2011), Aguirre sacó adelante cinco leyes.

Más convulso fue el inicio de la VII Legislatura (2003-2007), marcada por el 'tamayazo' y la repetición electoral, tras la que Aguirre fue investida, aprobando seis meses después su primera ley de presupuestos.

Ayuso declaró el pasado mes de febrero que “un Gobierno liberal” no se caracteriza por “una excesiva burocracia” ni por legislar “por legislar”, aunque en el debate sobre el estado de la región celebrado dos semanas atrás anunció su deseo de impulsar media docena de iniciativas legislativas.

OPOSICIÓN A LA REFORMA

Desde que el Gobierno madrileño anunció en mayo esta reforma de la Ley del Suelo se han sucedido las críticas de colectivos, sindicatos y oposición, referidas tanto a su contenido como a su tramitación por lectura única, es decir, sin opción a presentar enmiendas.

No en vano, al anteproyecto de ley se presentaron casi 1.000 alegaciones de particulares e instituciones, que fueron rechazadas en su práctica totalidad.

Además, varias organizaciones sociales, políticas y sindicales pidieron en junio a la Comunidad de Madrid que retirase el anteproyecto, que veían como una vuelta del PP “a las andadas” y al “ladrillazo” que permitiría construir sin control urbanístico y medioambiental.

En ese manifiesto, los firmantes rechazaban “los atajos” para la reforma de la ley y reclamaban, por el contrario, la redacción de una Ley “nueva”, con seguridad jurídica y que respete la normativa sectorial y estatal de carácter ambiental y urbanístico y de defensa del patrimonio.

Unidas Podemos incluso presentó un recurso de alzada contra la resolución del Ejecutivo por la que acordó tramitar el anteproyecto, alegando que la Comunidad incurrió en un “fraude de ley” al infringir la normativa del estado de alarma.

Ante las críticas, el Gobierno ha sostenido que la modificación es una “medida imprescindible” para hacer frente a la crisis del coronavirus, y que busca “contribuir a que la reactivación económica en la Comunidad de Madrid sea lo antes posible”.

Juan Vargas