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La legalización de la marihuana para usos recreativos gana terreno en EE.UU.

La legalización de la marihuana para usos recreativos gana terreno en EE.UU.

EFE

San Francisco (EE.UU.) —

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Los votantes de los estados de Oregón y Alaska y del Distrito de Columbia aprobaron este martes en sendos referendos la legalización de la marihuana con fines recreativos, una medida que durante los próximos años podría llegar también a otros estados de EE.UU., como California.

En Alaska, el estado más extenso del país y tradicionalmente conservador, los votantes aprobaron la Medida 2, que legaliza la posesión, el cultivo y la venta de marihuana a personas mayores de 21 años, por un estrecho margen de 4 puntos (52 % de los sufragios favorables frente al 48 % en contra).

En Oregón, en cambio, de tendencia progresista y uno de los bastiones para los demócratas, el “Sí” a la marihuana recreativa se impuso por un 55 % de los votos frente al 45 % del “No”.

Apenas unas horas antes de que se conocieran los resultados en Oregón y Alaska, el Distrito de Columbia, donde se encuentra la capital federal, Washington, también había aprobado la posesión y el cultivo de marihuana con fines recreativos.

Hasta la jornada electoral de este martes, solo los estados de Washington y Colorado habían legalizado la marihuana para usos recreativos, también mediante el voto popular en las elecciones de 2012.

Según los activistas a favor de la legalización del cannabis recreativo, estas tres nuevas victorias consolidan la tendencia marcada en 2012 por Washington y Colorado y abren las puertas a una nueva oleada de legalizaciones en los comicios de 2016.

En noviembre de 2016, coincidiendo con las elecciones presidenciales en el país, los defensores del cannabis recreativo prevén que iniciativas similares puedan presentarse en California, Massachusetts, Maine, Nevada y Arizona.

De entre todos estos destaca California, el estado más poblado del país y uno de los mayores consumidores de marihuana, pero que en 2010 tumbó contra todo pronóstico en las urnas una medida que, aunque no hubiese supuesto la legalización completa de la marihuana, sí hubiese permitido regular y ampliar el marco legal respecto al cannabis.

El grupo Proyecto de Política de la Marihuana registró en septiembre la creación de un comité de campaña en California para empezar a recaudar fondos que le permitan recoger los avales necesarios para incluir una votación sobre la legalización del cannabis recreativo en las elecciones de 2016.

“La prohibición de la marihuana ha tenido un efecto enormemente malo para las comunidades californianas. No ha sido efectiva, ha incurrido en muchos gastos y ha sido contraproducente. Ha llegado la hora de afrontar la cuestión desde una perspectiva responsable”, indicó el director ejecutivo del Proyecto de Política de la Marihuana, Rob Kampia.

“Las elecciones de este año han sido un gran paso adelante, pero en 2016 es cuando daremos el paso definitivo para terminar con la prohibición de la marihuana en este país de una vez por todas”, apuntó Kampia en un comunicado tras conocerse los resultados de ayer en Alaska, Oregón y el Distrito de Columbia.

Con la votación en 2016, los activistas promarihuana buscan aprovechar los mayores niveles de participación que normalmente traen consigo unas elecciones presidenciales y la posible movilización del electorado progresista en California para evitar repetir un fiasco como el de 2010.

Frente a los éxitos cosechados en estas elecciones por los partidarios de la marihuana recreativa, en otra consulta popular, los votantes de Florida rechazaron legalizar el uso medicinal de la marihuana por escaso margen en las elecciones legislativas del martes.

La propuesta, hecha a través de una enmienda a la Constitución estatal y que movilizó a más de 5,7 millones de electores, no alcanzó el apoyo del 60 % de los votos necesarios para su aprobación y se quedó en el 58 %, con la totalidad de los votos escrutados.

Con eso, pese al rechazo de la propuesta, se vio que una mayoría de votantes estaban a favor de la medida, aunque no en el porcentaje necesario para su aprobación como enmienda constitucional.

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