Los letrados señalan que el Parlamento catalán puede validar decretos del 155 sin que deba comparecer el Gobierno

Los letrados del Parlament han señalado que la Cámara catalana puede validar los decretos que haya firmado el Gobierno central en nombre de la Generalitat mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución sin necesidad de que ningún miembro del Ejecutivo de Mariano Rajoy comparezca ante el hemiciclo.

Los letrados se han pronunciado así en un informe jurídico firmado por Ferran Domínguez al que ha tenido acceso Europa Press después de que la mayoría independentista rechazara convalidar en el último pleno dos decretos firmados por el Gobierno central en nombre de la Generalitat.

Los independentistas alegaron entonces que el reglamento del Parlament obliga al firmante del decreto a comparecer ante el pleno antes de la convalidación, pero el Ejecutivo central descartó hacerlo.

Los letrados apuntan a que es cierto que el reglamento habla de una comparecencia previa del Ejecutivo, pero señalan que el Estatut no obliga a ello y que no convalidar los decretos “podría infringir” los derechos de los diputados.

Indican que debido al contexto de excepcionalidad derivado del 155, “no es posible hacer una lectura exclusivamente literal” del reglamento del Parlament que se refiere a la comparecencia de un miembro del Ejecutivo y que hacerlo lleva a un absurdo jurídico.

Además, recuerdan que hay un precedente de validación de un decreto derivado del 155 sin que ningún miembro del Govern compareciera antes ante el pleno --el 15 de noviembre de 2017--, e indican que la finalidad de dicha comparecencia es hacer una explicación previa que no debe condicionar el debate posterior entre los grupos.

“LA GENERALITAT ES ESTADO”

Los juristas del Parlament explican que el 155 establece que el Parlament debe controlar al Gobierno central y que España es “un Estado compuesto, algo que no implica que las autoridades estatales deban someterse al control de los parlamentos autonómicos, sino todo lo contrario”.

No convalidar los decretos, añaden los juristas, significaría “contradecir también la lógica del artículo 155 y se rompería el diseño institucional previsto constitucional y estatutariamente”.

También apuntan a “la necesidad de que el Estado y las comunidades autónomas colaboren en el ejercicio de sus competencias respectivas”, y defienden que Cataluña no es un conjunto institucional aislado.

“Las comunidades autónomas son también Estado, es decir, la Generalitat de Cataluña es Estado”, argumentan, y esgrimen que las comunidades no son ni pueden ser ajenas al interés general del Estado.