La libertad de Granados, pendiente del peritaje de bienes de su familia

La libertad del exconsejero madrileño Francisco Granados se encuentra pendiente del resultado del peritaje de los bienes que ha presentado como aval de la fianza de 400.000 euros que le impuso el juez Eloy Velasco para poder salir de la cárcel tras más de dos años y medio en prisión preventiva.

Según han informado a Efe fuentes de su defensa, el juzgado está a la espera de ese peritaje tras haber propuesto el abogado de Granados, Carlos García de Ceca, poder abonar la fianza -que Velasco exigió que se pagara en metálico- avalando la cantidad fijada con bienes de su familia, ya que él los tiene todos bloqueados.

Para cubrir la fianza por este medio es necesario que los bienes presentados como aval dupliquen la cantidad exigida, por lo que deberían ser valorados en 800.000 euros para poder cubrir la fianza de 400.000.

El juez Velasco, hasta ahora al frente del Juzgado Central de Instrucción número 6, le puso a Granados esta fianza para recuperar la libertad el mismo día que se conoció su nombramiento como integrante de la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional a la que se incorpora este mes.

Su puesto será cubierto dentro de un mes por el juez Manuel García Castellón, titular de Juzgado que hasta ahora ocupaba Velasco y al que regresará 17 años después tras haber sido juez de enlace en París primero y desde 2012 en Roma.

Entretanto, la juez del central número 3, Carmen Lamela, sustituta natural de Velasco, se encargará de los casos que se tramitan en el juzgado de Púnica y Lezo, si bien ha pedido un refuerzo hasta que se cubra la plaza vacante.

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional barajó este lunes la posibilidad de mantener a Velasco hasta que se cubriese su plaza o que los ahora cinco jueces de instrucción se turnen para atender los asuntos del Juzgado 6, dos propuestas que ha remitido al Consejo General del Poder Judicial para que decida al respecto.

Velasco justificó la modificación de la situación de Granados en que ya se habían practicado los últimos registros en la causa en relación con Arpegio-Prisma, lo que disminuye el riesgo de destrucción de pruebas, y en el levantamiento del secreto que pesaba sobre diversas piezas separadas secretas, principalmente la de la financiación ilegal del PP de Madrid.

Después de que la defensa de Granados pidiera su excarcelación en reiteradas ocasiones, el juez acogió la última solicitud que hizo el pasado 5 de mayo, al considerar que se ha rebajado el riesgo de fuga por el tiempo transcurrido en prisión preventiva, cuyo límite máximo son cuatro años.

Apreció además que de esta forma Granados podrá acudir “en otras condiciones” al primer juicio oral de Púnica, el del chivatazo que le dio el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, que ha sido fijado para el 14 de noviembre y en el que se enfrentará a una petición de la Fiscalía de tres años de cárcel.