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El juez abre la puerta a excarcelar al comisario Villarejo por motivos de salud

El comisario Villarejo en el acto de condecoración y a su izquierda, el número dos de la Policía, Eugenio Pino

Pedro Águeda

El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6, Diego de Egea, acaba de abrir la puerta a la excarcelación del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión provisional desde el pasado noviembre acusado de liderar una organización criminal. De Egea esperará hasta la próxima declaración en el juzgado de Villarejo y, atendiendo al complicado estado de salud que asegura la defensa que padece, decidirá si cambia la prisión por el arresto domiciliario. 

En un auto, De Egea confirma por ahora la prisión provisional comunicada y sin fianza del comisario jubilado José Manuel Villarejo y su socio Rafael Redondo al mantenerse las circunstancias por las que se acordó su encarcelamiento por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales en la denominada 'Operación Tándem'.

Los fiscales Anticorrupción habían presentado al juez un informe en el que aseguran que la abundante documentación incautada en los registros permite a los fiscales concluir que Villarejo cuenta con contactos en el extranjero, sociedades en otros países y posiblemente dinero oculto que, unidos a las habilidades adquiridas en sus años al frente de la organización criminal que presuntamente lidera y el manejo habitual de identidades falsas, le ponen en disposición de ocultarse fuera de las fronteras de España.

El escrito del Ministerio Público era la respuesta a la última petición de puesta en libertad formulada por la defensa del policía jubilado. Las peticiones de libertad de Villarejo ya habían sido rechazadas hasta ahora por el juez instructor y confirmadas en dos ocasiones por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, concretamente el 26 de diciembre y el 2 de marzo, hace apenas seis semanas. 

En su auto, el magistrado recuerda las resoluciones por las que se acordó el ingreso en prisión de ambos el pasado mes de noviembre, confirmadas por la Sala de lo Penal, y señala que ninguno de los dos investigados ha aportado en sus escritos en los que piden la libertad “ningún elemento nuevo anterior o posterior a las resoluciones a las que se ha hecho referencia”.

De Gea razona su decisión en la gravedad de los delitos investigados y la necesidad de garantizar la eficacia de la investigación y que Villarejo no se fugue. Sin embargo, el magistrado deja la puerta abierta a reconsiderar su posición después de la tomar declaración al comisario jubilado el próximo miércoles y a la vista de los informes médicos presentados por su defensa y otros que se están realizando. El juez De Egea cita el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé el arresto domiciliario. Rafael Redondo está citado a declarar un día más tarde, el jueves de la semana próxima, día 31.    

Villarejo fue trasladado recientemente a un centro médico desde la cárcel de Estremera porque se encontraba mal. Aunque algunas informaciones apuntaron a que había sufrido un infarto, fuentes del caso consultadas por eldiario.es descartan por completo esa dolencia. Al parecer, Villarejo sufrió una reacción a la medicación que se le suministró, le fue practicado un cateterismo y se encuentra recuperado. El entorno del comisario defiende que su estado de salud hace necesaria su inmediata excarcelación. 

El pasado 6 de marzo,  el juez Diego de Egea ordenó la puesta en libertad del comisario Carlos Salamanca, detenido en la Operación Tándem junto al policía jubilado José Manuel Villarejo. De Egea adoptó esta decisión cuatro meses después de la detención de ambos y pese a que la Fiscalía Anticorrupción se había opuesto días antes. Para poner en libertad al jefe de la Unidad Central de Fronteras en el momento del arresto, De Egea no consultó a los fiscales del caso, Miguel Serrano e Ignacio Stampa.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela envió a prisión incondicional al comisario jubilado José Manuel Villarejo el pasado 5 de noviembre por pertenecer presuntamente a una organización criminal y también por los delitos de cohecho y blanqueo de capitales.

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