Los cinco casos de amenazas y asesinatos de indígenas de Perú en manos de la CIDH

Lima, 6 oct (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebra este martes una audiencia temática sobre las amenazas y asesinatos que sufren indígenas de la Amazonía peruana en la defensa de sus tierras frente a invasores dedicados a la tala ilegal y el narcotráfico, entre otras actividades ilícitas.

Ante la CIDH, las comunidades indígenas de Perú también denunciarán la impunidad de los ataques y amenazas a sus líderes, el mejor ejemplo de la inseguridad que encuentran cuando deciden plantar cara a los invasores de sus territorios, cuya defensa les puede costar la vida.

Estos son los cinco casos principales que escuchará la CIDH, que el año pasado ya ordenó al Estado peruano garantías para la comunidad nativa Nueva Austria del Sira, formada por familias de las etnias yánesha y asháninka, después de que su jefe, Germán López, fuera víctima de un atentado por parte de tres personas armadas.

1.- LOS 4 DE SAWETO

Saweto es el caso más emblemático en Perú de las amenazas y asesinatos a indígenas que intentan proteger la Amazonía y de la facilidad con la que los autores del crimen pueden quedar impunes por la lentitud de la Justicia para investigar y condenar a los autores del crimen.

En Alto Tamaya-Saweto, comunidad de etnia ashéninka fronteriza con Brasil, que se encuentra en una de las zonas más remotas del territorio peruano, fueron asesinados en 2014 con disparos a quemarropa el activista medioambiental Edwin Chota y sus compañeros Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo.

Los presuntos asesinos son un grupo de madereros ilegales a los que la comunidad había denunciado por operar dentro de su territorio, cuyo título de propiedad comunal llevaban doce años intentando tramitar sin éxito ante un cúmulo de trabas burocráticas que les impedían obtenerlo para defenderse mejor de los invasores.

Pese a que el asesinato se produjo apenas tres meses antes de que se celebrase en Lima la cumbre mundial del clima (COP 20), ya han pasado seis años sin que se abra todavía juicio contra los presuntos culpables. Aunque la comunidad logró finalmente obtener la propiedad de sus tierras, las familias de las víctimas aún esperan justicia.

2.- ARBILDO MELÉNDEZ

Varios asesinatos de indígenas que trataban de defender los territorios de sus comunidades frente a invasores se han producido este año incluso en pleno confinamiento nacional por el COVID-19, y uno de ellos es el de Arbildo Meléndez, de la comunidad nativa Unipacuyacu, de etnia cacataibo.

Meléndez fue asesinado el 12 de abril por una persona ajena a la comunidad con la que salió a cazar y, un mes antes, su mujer Zulema Guevara y sus dos hijos resultaron heridos cuando navegaban en un bote por un río de la zona y otra embarcación los embistió a gran velocidad.

Dos años antes, Meléndez había denunciado la tala ilegal y la presencia de cultivos ilícitos de hoja de coca, materia prima de la cocaína, dentro del territorio de la comunidad, cuya titulación había reivindicado para protegerla de la deforestación frente a invasiones en años anteriores.

3.- GONZALO PÍO

Otro asesinato en plena cuarentena fue el de Gonzalo Pío, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el 18 de mayo tras haber desaparecido un día antes. Aparentemente fue atacado en compañía de su esposa, Maribel Casancho, quien resultó gravemente herida.

Pío, cuyo padre ya fue asesinado también cinco años antes, era el líder de la comunidad nativa Nuevo Amanecer Hawai, de etnia asháninka, y trabajaba para el reconocimiento jurídico de su territorio con el objetivo de protegerla también de la tala ilegal.

Sobre este caso, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) destacó que no es un hecho aislado, pues se produce “en un contexto de conflicto por la tierra en el distrito de Puerto Bermúdez, caracterizado por la falta de seguridad jurídica de los territorios indígenas y por la presencia de actividades económicas ilegales de deforestación”.

4.- SANTA CLARA DE UCHUNYA

“Amenazas de muerte, disparos directos a quemarropa y constante hostigamiento” es lo que ha vivido durante los últimos cinco años la comunidad nativa de etnia shipibo-konibo Santa Clara de Uchunya en palabras de su líder, Carlos Hoyos.

Esta comunidad, cercana a Pucallpa, la capital de al región amazónica de Ucayali, consiguió ganar en febrero de este año una ardua batalla legal contra una empresa que se había apoderado con parte de su territorio para implantar cultivos extensivos de palma aceitera.

El poblado indígena logró que se reconociera la propiedad de parte de las tierras que ya habían sido deforestadas para instaurar los cultivos, adquiridos a traficantes de terrenos que los habían invadido previamente hasta conseguir certificados de posesión de los mismos.

5.- BERLÍN DIQUES Y JAMER LÓPEZ

El último capítulo de amenazas tiene como víctima a Berlín Diques, máxima autoridad indígena de Ucayali, donde se encuentran varias de las comunidades afectadas como Alto Tamaya-Saweto y Santa Clara de Uchunya, cuyos casos han sido denunciado por este líder indígena de etnia asháninka.

El pasado jueves recibió en la puerta de su casa un mensaje amenazante dirigido a él y a Jamer López, compañero suyo en la junta directiva de ORAU, la filial regional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que es la mayor federación indígena a nivel nacional.

Horas antes, el administrador de ORAU, José Luis Malpartida, había sido víctima de un robo a mano armada por parte de un grupo de personas que le dispararon y lo dejaron gravemente herido. Diques afirma que también días antes había recibido llamadas anónimas donde lo insultaban, pero a las que no les prestó mayor atención.