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Madrid se transforma para cambiar el coche por modos limpios de moverse

Madrid se transforma para cambiar el coche por modos limpios de moverse

EFE

Madrid —

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La ciudad de Madrid está inmersa en el cambio hacia una movilidad sostenible no centrada en los coches sino en modos limpios y transporte público, para lo que el Ayuntamiento aplica ya medidas como Madrid Central, que apartan a los vehículos más contaminantes del centro y busca sumar a bicicletas y patinetes.

La alcaldesa Manuela Carmena ha convertido su lucha contra la contaminación y por una movilidad sostenible en una de sus señas de identidad, una política que se completa con la reducción del tráfico rodado, convirtiendo carriles de circulación en aceras más anchas, como ha ocurrido en la reforma de la emblemática Gran Vía.

A punto de terminar el año, el pasado 30 de noviembre el Gobierno de Ahora Madrid, con la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, a la cabeza, puso en marcha su medida más ambiciosa: Madrid Central.

472 hectáreas por las que solo circulan los vecinos, los coches menos contaminantes (Eco y 0) y los vehículos con pegatinas B y C que acudan a un aparcamiento. Con múltiples excepciones, ha generado quejas de la oposición, los comerciantes o el sector de mercancías, que debe renovar su flota.

Este área de bajas emisiones, contenida en la nueva ordenanza de movilidad sostenible, nació además entre los intentos del PP y del Ejecutivo autonómico por frenarla en los tribunales. Pero esta estrategia ha sufrido un primer revés: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha negado a paralizar cautelarmente el plan y, pese a no entrar en el fondo, defiende que la nueva ordenanza busca el interés general.

La ordenanza, advierte el tribunal, concreta intereses generales como la seguridad vial, la convivencia entre los medios de transporte, la protección de la salud o la sostenibilidad medioambiental, frente a los que “no pueden prevalecer intereses de otras administraciones públicas -no concretados- ni los intereses particulares de los ciudadanos más intensamente afectados.

Para el Gobierno de Carmena la postura del TSJM es un aval a sus políticas, por lo que ha pedido ya que el Ejecutivo de Ángel Garrido abandone la vía judicial y coordine junto a la capital el refuerzo del transporte público.

Madrid Central, que estrena sanciones en marzo, es una de las medidas, aunque no la única, con la que el Ayuntamiento busca reducir las emisiones contaminantes, para proteger la salud de la ciudadanía, pero también para evitar multas millonarias de la Unión Europea por rebasar los límites.

Por ahora, se ha reducido el tráfico en su interior -un 30 % en Gran Vía- y no se ha registrado el “temido” efecto frontera en el perímetro, con un 2,53 % menos de vehículos, pues los coches se han desviado a la M-30. Además, en Gran Vía hay más peatones (40 %), por lo que el Consistorio espera rebajar el temor de los comerciantes a ver reducidas sus ventas.

El cambio en la forma de moverse no solo atañe al centro, y en el caso de los conductores se relaciona estrechamente con las pegatinas de la Dirección General de Tráfico, obligatorias en Madrid a partir del próximo 24 de abril y claves para renovar el parque circulante y aplicar el nuevo protocolo antipolución.

Las restricciones afectan sobre todo a los coches más viejos y contaminantes, sin etiqueta ambiental -gasolina anteriores a 2000 y diésel matriculados antes de 2006- que no estarán vetados hasta 2025 pero tienen ya limitada su circulación en picos de polución.

En el escenario 2 del protocolo -aplicado por primera vez el 12 de diciembre- no pueden circular por la M30 ni por la almendra central y en el 3 la limitación se extiende a toda la ciudad. De llegar al 4, tampoco podrían circular los de pegatina B.

Además de reducir los coches y el espacio público que ocupan, el cambio pasa por favorecer nuevas formas de trasladarse, limpias y sostenibles y que necesariamente deben convivir con otros vehículos o con los peatones.

La nueva ordenanza regula este entendimiento. Aprobada el 5 de octubre, reduce a un máximo de 30 kilómetros por hora la velocidad del 80 % de las calles, las de carril único o un carril por sentido. El objetivo: calmar el tráfico para que en la calzada además de coches circulen bicicletas y patinetes eléctricos.

Llegados en verano de la mano de empresas de alquiler, los patinetes eléctricos han transformado el paisaje urbano pero el Consistorio quiere ponerles coto. Está prohibido que se suban a las aceras y solo pueden ir por calles, como máximo a 30 kilómetros por hora, y carriles bici.

Además, Sabanés los ha limitado a un total de 10.000 en la ciudad, con permisos que el Consistorio repartirá entre las empresas que cumplan los requisitos, una postura adoptada tras ordenar la retirada de las que ya prestaban servicio: Lime, VOI y Wind, que tratarán de volver a las calles.

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