El fiscal mantiene la condena para los acusados de amañar viajes del PP a Fuerteventura

La Fiscalía ha confirmado hoy las penas que solicita para la diputada del PP Águeda Montelongo y el exgerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura José Luis Cabrera Bonny, a los que acusa de haber amañado facturas para hacer pasar como viajes de promoción a la isla gastos de cargos públicos del Partido Popular.

En la segunda sesión del juicio, que ha quedado visto para sentencia, el fiscal anticorrupción Luis del Río, ha retirado, sin embargo, parte de los cargos al administrativo Santiago Santana.

De este modo, Montelongo y Cabrera Bonny se enfrentan a una posible condena de cinco años y ocho meses de prisión por malversación, prevaricación y falsificación de documento público.

En el caso de Santiago Santana, el Ministerio Público le retira la acusación de falsificación de documento público y solo le considera cooperador necesario de la malversación, con lo que reduce la solicitud de pena para él de cinco años y cuatro meses de cárcel a un año y nueve meses (o un año y seis meses, en función del Código Penal que se aplique, el vigente en 2010 o el actual).

Por su parte, todas las defensas han solicitado la absolución de los tres procesados y el abogado de Águeda Montelongo, el ex fiscal general del Estado Eligio Hernández, ha pedido que, si se dicta una sentencia condenatoria, se aplique una atenuante de reparación del daño, porque las facturas se corrigieron y fueron pagadas por el PP.

En este segunda jornada del juicio, han continuado las declaraciones de los testigos y el presidente del PP de La Oliva en aquellos momentos, Marcelino Umpiérrez, ha confirmado que Montelongo, como presidenta del PP de Fuerteventura, y el secretario general de los populares en la isla en aquellas fechas, Carlos Figueroa, y él mismo se reunieron con Santiago Santana después de que se publicaran las posibles irregularidades en esas facturas.

Y también ha corroborado que en esa reunión se pidió a Santiago Santana que asumiera la culpa del “error administrativo” que se había producido en el pago de esas facturas, que inicialmente se hicieron pasar por viajes de periodistas y operadores turísticos, como ayer relató en el juicio el propio administrativo imputado.

Umpiérrez ha añadido que, tras la reunión, él recomendó a Santiago Santana que no cargara con esa culpa.

Un afiliado y voluntario del PP, Alberto Álvarez Soto, ha manifestado, sin embargo, que a Santana, que en aquellos tiempos estaba afiliado al partido, se le había encargado la gestión de las reservas de hotel de los compañeros que se desplazaban a la isla, si bien ha dicho no recordar cuáles efectuó el imputado.

Tras concluir la prueba testifical, el fiscal anticorrupción Luis del Río, en su informe final, ha considerado probado que se desvió dinero público (subvenciones procedentes del Gobierno de Canarias para la promoción turística de Fuerteventura) para pagar los gastos originados por cargos del PP, y que los acusados además intentaron dar apariencia de legalidad a su actuación.

Asimismo, ha rechazado la teoría del “error” de las defensas, pues ha señalado que se trata de “tres e iguales que favorecieron a compañeros del PP”, al tiempo que ha subrayado que se dan todos los supuestos necesarios de los delitos que atribuye a los acusados.

La prueba documental demuestra la comisión de esos delitos, así como la declaración de Santana, ha añadido el fiscal.

El abogado Eligio Hernández, que ha calificado la instrucción penal de la causa de “heterodoxa y errática”, ha manifestado que “no existe ninguna prueba documental incriminatoria” contra Águeda Montelongo, solo las declaraciones de un coimputado que incurre en contradicción y que lo que dice tampoco se corrobora con la prueba presentada.