Maquiavelismo y autoamnistía: la oposición de los magistrados conservadores a la ley

Madrid, 26 jun (EFE).- Una norma arbitraria aprobada con el fin de conseguir los siete votos de Junts para la investidura de Pedro Sánchez y avalada ahora con “torpe maquiavelismo”. Con estos y otros argumentos, los cuatro magistrados conservadores del TC se han opuesto a la ley de amnistía frente a la mayoría progresista, que la ha validado.

Los votos particulares de Enrique Arnaldo, César Tolosa y Ricardo Enríquez, a los que ha tenido acceso EFE, coinciden en señalar que la ley de amnistía que este jueves ha avalado el pleno del TC es en realidad una “autoamnistía” que vulnera la independencia judicial, la separación de poderes o el principio de igualdad ante la ley. Su compañera Concepción Espejel también ha formulado un voto.

Además, hacen un reproche común a la mayoría progresista de la corte de garantías, al entender que se debería haber presentado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) antes de deliberar sobre el recurso del PP y dar luz verde a esta norma, en una decisión que marcará el examen de la treintena de recursos pendientes de analizar.

También rechazan el argumento de los progresistas sobre que la Carta Magna ampara las amnistías al no pronunciarse al respecto, pues en opinión de estos tres magistrados esta figura no tiene cabida en la Constitución y los legisladores no tienen potestad para aplicarla.

Una sentencia “errada y errática”

El más duro ha sido Enrique Arnaldo, que en un voto de 62 páginas expresa su “más radical discrepancia” a una sentencia “profundamente errada, además de errática, incapaz de corregir los excesos, la arbitrariedad del legislador, cuya obra se ampara por este tribunal mediante el recurso al torpe maquiavelismo del fin justificador de los medios”.

A su juicio, esta sentencia rompe el pacto constitucional de 1978 y da por bueno que el legislador “lleve a cabo una mutación constitucional”. El Parlamento no puede hacer “todo lo que no está prohibido, sino solo lo que está expresamente permitido” y esa habilitación constitucional no existe para la amnistía, ni implícita ni explícitamente, abunda Arnaldo.

Cuestiona desde la asignación de la ponencia a la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, hasta los tiempos del tribunal y el “empeño” del presidente para “resolver a toda prisa” el recurso del PP, o el procedimiento parlamentario que aprobó la ley.

Las críticas a la composición del tribunal las comparte César Tolosa, que argumenta que el pleno se constituyó irregularmente a consecuencia de la recusación de un magistrado conservador, José María Macías, y que la filtración de la ponencia en prensa compromete la credibilidad de las deliberaciones.

Una decisión arbitraria por siete votos de Junts

La ley de amnistía obedece, según Arnaldo, al “particularísimo interés de determinadas fuerzas políticas que impulsaron la aprobación de la ley en su propio y exclusivo beneficio personal”. Es una “transacción política” que ha provocado una “'profunda y virulenta' división en la sociedad española”, añade.

Su origen está en un “acuerdo político orientado a asegurar los votos necesarios para la investidura del presidente del Gobierno a cambio de impunidad y no en la búsqueda del interés general”, apunta Tolosa. El preámbulo, en el que se habla de normalizar la situación en Cataluña, solo puede tener cabida “en un mundo paralelo”, a juicio de Enríquez.

Por eso, son críticos con los argumentos dados por sus compañeros progresistas para un aval de la norma “por la vía rápida”. Creen que el TC está dando por buena una decisión extralimitada del legislador, que va más allá de la Carta Magna, a la que este poder también esta sometida.

Según Arnaldo, el TC ha optado por la “invención argumentativa” en un ejercicio de “constructivismo jurídico” por el que ha reescrito -dice- “a su gusto la Constitución, y ”se ha puesto la venda ante la evidencia“ de una norma de ”palmaria inconstitucionalidad“. Lo considera ”un exceso inaceptable, pues el Tribunal Constitucional es el guardián de la Constitución, no su dueño“.

Tolosa considera que hay una “grave desnaturalización del juicio de constitucionalidad” y que se erosiona la función de contrapeso del TC y se abre la puerta a su utilización “como simple herramienta de oportunidad política al servicio de la arbitrariedad”. Habla además de “quebranto” a la separación de poderes, “gravísimo ataque a la independencia judicial” e “injerencia inconstitucional” del legislativo en el poder judicial.

Enríquez dice además que esta norma discrimina por razones ideológicas al no amnistiar a quienes protestaron en contra del “procés”, una inconstitucionalidad que corregirá la sentencia del TC, en un movimiento que este magistrado considera “técnicamente inaceptable”.

“La última palabra la tendrá la justicia europea, si esta nos enmienda, será el último de los despropósitos”, concluye Enríquez, ante una norma que será estudiada por el TJUE, que tiene sobre la mesa varias cuestiones prejudiciales.

Los magistrados conservadores consideran que la amnistía viola preceptos del derecho de la Unión Europea e incluso, a juicio de Tolosa, se vulnerarían los valores universales al amnistiar delitos de terrorismo.