Máximo tribunal de Guatemala suspende polémica ley que fiscaliza a las ONG

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máximo tribunal del país, suspendió este lunes de manera provisional una polémica reforma de ley sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG), avalada la semana pasada por el presidente, Alejandro Giammattei.

La corte anunció su decisión en un comunicado de prensa en el que confirma la suspensión inmediata de la reforma de ley, cuya normativa permitía la fiscalización de todas las organizaciones no gubernamentales asentadas en el país, además de la anulación de cualquier entidad por decisión gubernamental.

“Este Tribunal estima que la vigencia de dicho decreto conlleva amenaza de violación de Derechos Humanos”, aseveró la Corte de Constitucionalidad en la nota de prensa.

De acuerdo a la misma corte, su dictamen llega tras varios recursos legales interpuestos por “diversos solicitantes”, entre ellos varias organizaciones civiles.

La reforma de ley había sido sancionada el pasado 27 de febrero por Giammattei, después de que el Congreso de Guatemala la aprobara el 11 de febrero en una extensa jornada parlamentaria.

CON OPOSICIÓN

Las reformas a la normativa, denominada “Ley de Organizaciones No Gubernamentales”, habían sido objetadas por organizaciones sociales locales y también por altas autoridades tanto en Estados Unidos como en la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, manifestó su oposición a la reforma de ley el pasado 15 de febrero mediante sus redes sociales.

Según Kozak, la reforma de ley propone requerimientos dificultosos para las organizaciones no gubernamentales, que “juegan un papel clave” en la construcción de las diversas democracias.

Kozak, quien se reunión con Giammattei a principios de febrero, señaló además que urgía a Guatemala a revisar “su legislación” de manera que se adoptaran “las mejores prácticas internacionales”.

Una opinión parecida manifestó el 26 de febrero el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que instó a Giammattei a vetar la ley, de modo que la “sociedad civil pueda operar sin miedo” a castigos.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) de la ONU en Guatemala también había advertido sus reservas con respecto a la nueva normativa.

“La reforma a la Ley de las Organizaciones No Gubernamentales podría afectar a la libertad de asociación, reunión y expresión, así como los espacios democráticos para la sociedad civil organizada”, detalló la oficina de la ONU en Guatemala.

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, había expresado en 2019 su preocupación por la ley, que introduce “requisitos y controles administrativos aplicables a ONG nacionales e internacionales” que “en la práctica pueden usarse de manera discrecional o arbitraria para limitar” su labor.

“¿Por lo que opinen afuera me tienen que temblar las patas a mí? ¿Entonces qué clase de presidente sería?”, se preguntó Giammattei durante la conferencia de prensa en la que avaló la normativa, al ser consultado por las opiniones en el extranjero.

Giammattei, sin embargo, dijo que sería respetuoso con las leyes en caso de que la Corte de Constitucionalidad suspendiera la reforma del decreto completo o parcial, dictamen que finalmente se hizo realidad este lunes.

El origen de la ley es, según diversas fuentes, un intento de varios diputados de la anterior legislatura (2016-2020) de contrarrestar la lucha anticorrupción emprendida desde 2015 por el Ministerio Público guatemalteco y la ya desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

Las reformas de ley, originadas en 2017 con el anterior período legislativo, ordenan el “control” de las organizaciones no gubernamentales en el país y su “fiscalización” aún cuando no manejen fondos públicos, entre otras medidas.

“Ninguna donación o financiamiento externo puede usarse para realizar actividades que alteren el orden público”, establece la reforma de ley. “Si una ONG utiliza donaciones o financiamiento externo para alterar el orden público, será inmediatamente cancelada”, reza la normativa.